Seis décadas de privilegio a punto de terminar. La Cámara de Diputados de Entre Ríos tiene previsto tratar este miércoles la derogación de la Ley Nº 4.506, una norma que desde 1965 garantiza una pensión vitalicia equivalente al 75 por ciento de la remuneración del cargo para quienes hayan ejercido la Gobernación y la Vicegobernación provincial.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo de Rogelio Frigerio en enero de 2024, enmarcada en una serie de proyectos vinculados con la transparencia, la ética pública y la eliminación de regímenes especiales para la dirigencia política. El argumento central del Ejecutivo fue directo: las razones históricas que justificaron ese beneficio quedaron desactualizadas y su permanencia entra en tensión con los principios actuales de igualdad y ética pública.
El recorrido legislativo fue más largo de lo previsto. Diputados dio media sanción en abril de 2024, pero el debate se extendió en el Senado, donde el punto de conflicto fue qué ocurría con los beneficios ya concedidos. La Cámara alta optó por eliminar el artículo referido a las causales de caducidad, de modo que la reforma opera hacia adelante: no toca derechos ya reconocidos, pero cierra la puerta para quienes vengan después. Con esas modificaciones, el proyecto volvió a Diputados para su aprobación definitiva.
La dimensión política del asunto no es menor. Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros en verse alcanzados por la eliminación del régimen: ellos mismos promovieron una ley que les quitará la posibilidad de acceder al beneficio al terminar sus mandatos. El gobernador había sido explícito al vincular esta decisión con la situación deficitaria de la Caja de Jubilaciones entrerriana, sosteniendo que la dirigencia política debía dar una señal antes de avanzar sobre reformas más amplias del sistema previsional.
No se trata de un impacto económico descomunal —son dos futuras pensiones— pero el peso institucional es considerable. Un régimen que sobrevivió seis décadas, gobiernos de distintos signos y múltiples debates sobre el gasto público está a punto de ser eliminado por quienes podrían haberse beneficiado de él. Con la sanción definitiva prevista para este miércoles, Entre Ríos establecerá una frontera clara: quienes ocupen la Gobernación y la Vicegobernación a partir de ahora no tendrán acceso a ese régimen especial.
