El gremio judicial entrerriano no se quedó callado. La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) se declaró en estado de alerta y movilización tras conocerse el proyecto de ley presentado por la diputada Liliana Salinas en la Legislatura provincial, que propone derogar el artículo 1° de la Ley N° 10.068, conocida como la Ley de Enganche.
La iniciativa, ingresada el martes, apunta a eliminar el mecanismo por el cual los salarios de los trabajadores judiciales entrerrianos se actualizan de forma automática en función de los incrementos dispuestos para la Justicia nacional. Un sistema que, para AJER, no es solo una cuestión de bolsillo: también está en juego la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.
Desde el gremio sostienen que tocar la Ley de Enganche no es un trámite menor. Cualquier modificación de esa normativa, advierten, debe analizarse con especial cuidado y a través de canales de diálogo genuinos entre todos los sectores involucrados. La pregunta que flota en el ambiente legislativo es si ese diálogo existió antes de que el proyecto llegara a la Legislatura.
AJER fue más lejos en su advertencia: señaló que la eliminación del sistema de actualización podría derivar en un conflicto institucional con impacto directo en el funcionamiento de la Justicia de Entre Ríos. Por eso apeló a la “razonabilidad y al diálogo” para evitar que la situación escale hacia un enfrentamiento de mayor envergadura.
El gremio dejó en claro que seguirá de cerca el tratamiento legislativo del proyecto y que no bajará los brazos en la defensa del salario y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales. La declaración de alerta es, en los hechos, una señal de que el conflicto recién empieza si la iniciativa avanza sin consenso.
