Nadie les dijo nada por escrito. Eso es, en el fondo, el problema que viene escalando en las escuelas secundarias de Concordia: los equipos directivos tienen encima la responsabilidad operativa del nuevo sistema de desayunos y meriendas, pero sin un solo papel oficial que les explique qué deben hacer, qué pueden negarse a hacer y quién responde si algo sale mal.
La rectora de la Escuela Secundaria N° 37 Ernesto Che Guevara, Silvana Elgart, decidió no quedarse callada. El 7 de agosto presentó un primer escrito ante la Supervisión de Educación Secundaria Zona XXVI para reclamarle al Consejo General de Educación (CGE) y a la Dirección de Comedores Escolares que informen el marco normativo que regula la implementación del sistema centralizado, a cargo de la empresa Teknofood S.A. La escuela ya había recibido capacitaciones de profesionales que representan a la adjudicataria, pero sin ninguna resolución, circular ni comunicado oficial que respalde ese esquema.
Las preguntas que hizo Elgart no son menores: quiere saber cuál es el alcance de la responsabilidad administrativa, civil y penal que les corresponde a los directivos por recibir, almacenar y controlar los alimentos. También preguntó si existe alguna normativa que obligue a las escuelas a aceptar la mercadería bajo apercibimiento, y quién se hace cargo del control bromatológico, la calidad y la trazabilidad de los productos. Son interrogantes que cualquier directivo en su lugar debería estar haciendo.
La respuesta del sistema fue el silencio. Entonces, el 20 de agosto, Elgart volvió a la carga, esta vez por Mesa de Entradas, dejando constancia formal de que su pedido anterior no había sido atendido. Solicitó con carácter urgente la documentación oficial y pidió una audiencia con el director Departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez, y el coordinador Departamental de Comedores Escolares, Jorge Kannemann, para clarificar competencias y obtener certezas jurídicas.
Pero hay un elemento que complejiza todavía más el panorama: una medida cautelar judicial dispuso la suspensión de la entrega de productos del sistema centralizado que contengan los sellos de advertencia previstos en la Ley N° 27.642 de etiquetado frontal, y ordenó provisoriamente el retorno a la modalidad anterior. Esa resolución está vigente, y los directivos no saben cómo compatibilizarla con las instrucciones que reciben del sistema educativo provincial. La rectora lo planteó con precisión: sin una respuesta oficial del CGE, cada decisión que tome una escuela queda sin el respaldo administrativo necesario.
El cuadro que emerge es preocupante. Un sistema nuevo, una empresa adjudicataria que ya capacita sin marco normativo publicado, una cautelar judicial que nadie explica cómo aplicar, y directivos que firmaron cargos para conducir escuelas, no para adivinar qué dice la ley. El CGE tiene la palabra, y el reloj corre.
