Hace 15 años que los sueldos del Poder Judicial de Entre Ríos suben automáticamente cada vez que la Corte Suprema de la Nación decide un aumento para la Justicia federal. Sin que la Legislatura entrerriana diga ni mu. Sin análisis previo. Sin que nadie evalúe si la provincia puede pagarlo. Eso es lo que una diputada provincial quiere terminar.
La legisladora del Partido Conservador Popular (PCP), Salinas, presentó un proyecto de ley para derogar el artículo 1° de la Ley N° 10.068, vigente desde 2011, que establece esa vinculación automática entre los incrementos salariales del Poder Judicial provincial y las subas que dispone la Corte Suprema para la Justicia nacional.
La propuesta es clara: que los futuros aumentos de magistrados y empleados judiciales entrerrianos sean discutidos y aprobados por la Legislatura provincial, con la situación económica y presupuestaria de Entre Ríos como parámetro. No se toca ni un peso de los sueldos actuales. El proyecto no implica reducción de remuneraciones ni apunta a la independencia del Poder Judicial. Lo que busca eliminar es el mecanismo que hace que una decisión tomada en Buenos Aires impacte automáticamente en el presupuesto provincial.
“Este proyecto no recorta sueldos, recorta un privilegio automático que hace 15 años le saca a Entre Ríos la posibilidad de administrar su propio presupuesto. Queremos que los aumentos de la justicia entrerriana se decidan en Entre Ríos y no en Buenos Aires”, sostuvo Salinas al presentar la iniciativa.
Entre los fundamentos, la diputada señaló que la Constitución entrerriana le otorga a la Legislatura la responsabilidad de fijar el presupuesto, autorizar los gastos y controlar el destino de los fondos públicos. El enganche vigente, argumentó, vacía de contenido esa atribución: cada suba que dispone la Corte genera un incremento del gasto provincial sin ninguna instancia previa de análisis local. Y mientras tanto, áreas como salud, educación y seguridad compiten por los mismos recursos sin ese blindaje automático.
“No se trata de bajarle el sueldo a nadie ni de desconocer el trabajo de los magistrados y empleados judiciales. Es la misma lógica que se aplica hoy a cualquier otro empleado público provincial: los aumentos se discuten según los recursos que tiene Entre Ríos”, remarcó la legisladora.
La propuesta también se enmarca en el proceso de ordenamiento fiscal impulsado por el Gobierno nacional, cuyo eje central es el equilibrio de las cuentas públicas. El proyecto ingresó a la Legislatura de Entre Ríos y deberá recorrer el proceso de comisiones antes de llegar al recinto para su debate.
