El tiempo corre y Lula da Silva lo sabe. Con la primera vuelta presidencial de Brasil fijada para el 4 de octubre, el mandatario salió a presionar al Congreso para que apruebe antes de esa fecha uno de los proyectos más esperados por el movimiento sindical: el fin del régimen 6×1, que obliga a los trabajadores a cumplir seis días de labor por uno de descanso.
La propuesta no es nueva, pero el impulso político sí lo es. La iniciativa ya había pasado por la Cámara de Diputados a finales de mayo, pero quedó trabada durante meses en el Senado. El desbloqueo llegó después de que Lula retomara el diálogo con el presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, quien derivó el proyecto a la Comisión de Constitución y Justicia. Ahí, el Gobierno logró colocar como relator al senador Omar Aziz, un aliado del oficialismo que prometió presentar su informe el próximo jueves.
El mecanismo que propone Aziz es gradual: primero, la jornada bajaría de 44 a 42 horas semanales; luego, tras seis meses, llegaría a las 40 horas. Todo sin reducción salarial. “La productividad no es solo cantidad de horas. También es trabajar bien, con salud y producir resultados”, escribió el senador en su cuenta de X.
Lula también salió a bancar la medida en redes con tono de campaña: “Hay gente que juega en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Brasil, pero nuestro Gobierno se está movilizando para aprobar el fin de la jornada 6×1, sin reducción del salario”, publicó. El mensaje tiene destinatario claro: los sectores empresariales y opositores que advierten sobre el impacto económico de la medida, un argumento que el propio Aziz descartó recordando que algo similar se dijo cuando Brasil pasó de 48 a 44 horas semanales y el país no se cayó.
Del otro lado del ring, Flavio Bolsonaro y sus aliados en el Senado trabajan para frenar o al menos demorar la votación. La estrategia, coordinada por el senador Rogério Marinho, pasa por dilatar el trámite en la CCJ con pedidos de vista y presentación de enmiendas que obliguen a modificar el texto original. El objetivo es aprovechar la ventana legislativa que existe: el Congreso solo tendrá una semana de votaciones, del 31 de agosto al 4 de septiembre, antes del comicio.
La pulseada entre el oficialismo y la oposición en el Senado brasileño definirá si esta reforma llega a ser ley antes de las elecciones o si queda como promesa de campaña. Lo que ya está claro es que Lula decidió convertirla en bandera electoral, con todo lo que eso implica.
