El Gobierno nacional formalizó este lunes la adjudicación del llamado Tramo Mesopotámico, que comprende las Rutas Nacionales 12 y 18 en toda su extensión por Entre Ríos, al consorcio formado por IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U. La concesión dura 20 años e incluye la administración, el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura vial.
La tarifa de peaje adjudicada para este tramo quedó fijada en $3.564,99, la más alta entre todos los corredores licitados a nivel nacional. La medida se instrumentó a través de la Resolución 1379/2026 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Economía Luis Caputo, y se enmarca en la segunda etapa de la licitación de la Red Federal de Concesiones – Etapa III.
El proceso implica la privatización de la empresa estatal Corredores Viales, habilitada jurídicamente por la Ley Bases y el Decreto 97/2025. Además del tramo entrerriano, la entrega al sector privado abarca otros siete corredores que suman más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, atravesando provincias como Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
A nivel nacional, los demás consorcios adjudicatarios fueron: Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A. para el Tramo Centro ($1.399); José Cartellone Construcciones Civiles S.A. para el Tramo Centro Norte ($2.175); Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L. para el Tramo Noroeste ($2.285); JCR S.A. – Nestor Julio Guerechet S.A. para el Tramo Litoral ($2.876,04); Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A. para el Tramo Noreste ($2.950); José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A. para el Tramo Chaco-Santa Fe ($3.520); y Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A. para el Tramo Cuyo ($3.090,24).
Durante la evaluación, la Comisión descartó la propuesta del consorcio integrado por la entrerriana Lemiro Pablo Pietroboni S.A. junto a Merco Vial y Frontera para los tramos Centro Norte y Noroeste, declarándola inadmisible. También fue rechazada la oferta de CPC S.A., que pretendía quedarse con la totalidad de los corredores, por aplicación del régimen de incompatibilidades que impide la formación de monopolios en la adjudicación.
Con esta concesión, el Poder Ejecutivo transfiere al sector privado no solo la responsabilidad de reparar calzadas deterioradas sino también la obligación de ampliar la infraestructura, en un contexto de reclamos sostenidos por la inseguridad vial en las rutas argentinas.
