La Provincia de Entre Ríos decidió no apelar el fallo judicial que regula el ingreso de alimentos con octógonos de advertencia a los comedores escolares. La confirmación llegó desde el propio fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien explicó los alcances de la decisión y el estado actual del sistema de distribución alimentaria en las escuelas provinciales.
La resolución judicial había generado expectativa en el sector educativo y en las organizaciones que vienen reclamando mayor control sobre la calidad nutricional de lo que se sirve en los comedores. Que la Provincia haya optado por no recurrir el fallo es una señal clara: el gobierno entrerriano acepta los criterios establecidos por la Justicia en materia de etiquetado y selección de alimentos para los chicos.
Rodríguez Signes detalló además cómo continúa funcionando el nuevo esquema de distribución de alimentos, que entró en vigencia tras el fallo. El sistema implica ajustes en los contratos con proveedores y en los criterios de compra, con foco en los productos que no presenten advertencias por exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías.
En paralelo, el fiscal de Estado también se refirió a los alcances del contrato de la Hidrovía, aunque sin dar precisiones adicionales sobre ese punto en la información disponible. La agenda del organismo combina así temas de política alimentaria escolar con cuestiones de infraestructura y logística fluvial que hacen al desarrollo provincial.
El debate sobre los comedores escolares en Entre Ríos no es nuevo, pero el fallo le dio un marco legal concreto a una discusión que hasta ahora dependía más de la voluntad política que de una obligación jurídica. Con la Provincia alineada a la sentencia, el paso siguiente es la implementación efectiva y el monitoreo de que los cambios lleguen a cada escuela.
