Un fallo judicial sacudió la política migratoria de Donald Trump: la jueza Jeannette A. Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, declaró ilegal la suspensión de visas de residencia permanente que el gobierno venía aplicando sobre ciudadanos de 75 países desde enero de 2026. La resolución ordena al Departamento de Estado restablecer la evaluación individualizada de cada solicitud.
La directiva, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, congeló las residencias para casi el 40% de las naciones del mundo, según datos citados en el proceso judicial. El argumento oficial era prevenir el ingreso de personas que pudieran convertirse en “carga pública” para el Estado. Pero la jueza fue contundente: calificó la instrucción de “manifiestamente ilegal”.
El fallo determinó que la medida violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que prohíbe explícitamente la discriminación por origen nacional en la asignación de visados. Además, la ley exige que el riesgo de “carga pública” se evalúe caso por caso, considerando finanzas, edad, salud y habilidades del solicitante. Un cable diplomático firmado por Rubio ordenaba el rechazo automático incluso cuando el solicitante demostraba solvencia económica suficiente: eso, para la corte, no tiene respaldo legal posible.
La demanda fue impulsada por organizaciones como la Red Católica de Inmigración Legal, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y el Centro por los Derechos Constitucionales, junto con ciudadanos estadounidenses e inmigrantes directamente afectados. El litigio reunió casos de familias divididas en países como Ghana, Etiopía, Guatemala y Jamaica, y de profesionales con contratos de trabajo en firmas norteamericanas.
El Departamento de Justicia defendió la suspensión apoyándose en precedentes de restricciones de viaje de 2018, pero la resolución marcó una diferencia clave: aquellos fallos regulaban la entrada al territorio, mientras que este expediente juzgó la validez de pausar la emisión de visados, una distinción que resultó determinante. Las partes deben presentar sus propuestas sobre los expedientes pendientes antes del 11 de septiembre, y el gobierno conserva la opción de apelar ante una instancia superior.
