La CGT no está dispuesta a negociar el salario mínimo frente a una pantalla. Con una nota formal dirigida a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, el triunvirato cegetista reclamó que la sesión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, convocada para el viernes 28 de agosto a las 12.30, se realice de manera presencial y no virtual.
El argumento de la central obrera es contundente: según la CGT, la metodología virtual no permite el real desarrollo de la misión de los actores sociales involucrados. En el texto enviado a Testa, la organización advirtió que asuntos con impacto directo sobre los ingresos de millones de trabajadores exigen un ámbito que garantice el intercambio directo, la negociación efectiva y la transparencia de lo que allí se resuelva.
La CGT pintó un cuadro duro de la situación laboral del país: pérdida sostenida del poder adquisitivo, destrucción de puestos de trabajo registrados, cierre de empresas y caída de la actividad productiva. Todo eso, dijeron, incide directamente sobre la determinación del salario mínimo y las prestaciones por desempleo. No es un trámite administrativo: es una discusión que le cambia la vida a miles de familias.
La central fue clara en su posición: la modalidad virtual puede ser aceptable para cuestiones de trámite, pero no resulta adecuada para un debate de esta naturaleza y trascendencia institucional. Si no es posible modificar la modalidad para el 28, la CGT pidió que se convoque a la brevedad a una nueva sesión presencial.
El contexto explica la tensión. En la última reunión plenaria del Consejo, el 26 de noviembre pasado, no se llegó a ningún consenso y el Poder Ejecutivo fijó por decreto aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. Esa escalera llevó el salario mínimo de $334.800 hasta el actual $376.600.
El Gobierno, por su parte, difundió estimaciones que relativizan el peso real del salario mínimo: según cifras oficiales, apenas el 1% de la población asalariada cobra por debajo de ese piso, y entre los trabajadores registrados del sector privado y público la cifra cae a menos del 0,2%. El argumento oficial es que, para el grueso del empleo formal, el piso salarial lo fija la negociación colectiva. La CGT, sin embargo, insiste en que la discusión va mucho más allá de ese porcentaje: lo que se define en el Consejo del Salario tiene efecto sobre prestaciones por desempleo y otros segmentos de la población que no entran en esa estadística.
La sesión del 28 de agosto se perfila como otro capítulo de una relación que acumula rispideces. Si el Gobierno no cede en la modalidad, la CGT ya anticipó que pedirá una nueva convocatoria presencial antes de cualquier resolución.
