Un convenio que puede cambiar la velocidad de las investigaciones que cruzan fronteras. El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el canciller Pablo Quirno, firmaron un acuerdo para agilizar la cooperación penal internacional y ordenar el intercambio de información y pruebas con otros países en causas que no reconocen límites territoriales.
El documento fue suscripto en el Palacio San Martín y quedó protocolizado mediante la Resolución PGN N° 58/26. Establece mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) para tramitar pedidos de asistencia jurídica que lleguen del exterior o que los fiscales argentinos formulen hacia otros países.
En términos concretos, la asistencia jurídica internacional es el canal formal por el que autoridades de distintos países colaboran para obtener pruebas o realizar diligencias fuera de su territorio. Puede incluir documentación, información financiera, evidencia digital y medidas vinculadas con personas, bienes o activos radicados en otra jurisdicción.
El acuerdo regula con precisión dos sentidos del trámite. Cuando los pedidos llegan desde el exterior y pueden ejecutarse por el organismo fiscal, Relaciones Exteriores los remitirá directamente al MPFN. Pero si la solicitud implica medidas coercitivas que restrinjan la libertad o los bienes de una persona, el expediente va directo a la autoridad judicial competente, con aviso al fiscal interviniente para que pueda representar el interés de la asistencia durante el trámite.
En el sentido inverso, cuando los fiscales argentinos necesiten colaboración de otro país, el MPFN deberá canalizar esos pedidos a través del MRECIC como autoridad central de un tratado o por la vía diplomática. El convenio también exige trazabilidad: el Ministerio Público deberá mantener informado a Relaciones Exteriores sobre el estado de cada requerimiento, y una vez cumplidas las medidas, las actuaciones deben regresar a la autoridad central para su envío al Estado que las solicitó.
Para que el mecanismo funcione con canales fijos, fueron designadas dos dependencias específicas: la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), por la Procuración, y la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional (DAJIN), por Cancillería. Ambas operarán como puntos de contacto, coordinación y seguimiento.
La iniciativa apunta a fortalecer las investigaciones sobre fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo y los ciberdelitos, en un contexto marcado por la expansión del sistema acusatorio y el peso creciente de la evidencia digital. El convenio también prevé el intercambio de datos aun cuando no exista un pedido formal previo: si Relaciones Exteriores recibe información de autoridades extranjeras que pueda dar cuenta de un delito, deberá comunicarlo al organismo acusador.
