Un cero. Eso es lo que separa, según Francisco Adorni, una declaración jurada correcta de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. El diputado bonaerense y hermano del vocero presidencial Manuel Adorni se presentó ante la Justicia con una explicación tan simple como llamativa: se confundió y puso un cero de más.
Según su versión, donde debía figurar una deuda de $13 millones, terminaron apareciendo $130 millones. Un desliz tipográfico, dice él. Un indicio de irregularidad patrimonial, entiende la fiscalía que impulsó la causa. La diferencia no es menor: estamos hablando de diez veces el monto real, lo que disparó las alarmas sobre el origen de ese patrimonio declarado.
La causa quedó ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien debe resolver si la explicación alcanza para cerrar el expediente o si, por el contrario, hay mérito suficiente para citar a Adorni a indagatoria. Esa decisión puede marcar un punto de inflexión importante en el caso.
Lo que llama la atención no es solo el error en sí, sino el contexto. Las declaraciones juradas de funcionarios y legisladores existen precisamente para dar transparencia al patrimonio de quienes ejercen el poder público. Que un dato tan sensible como una deuda aparezca multiplicado por diez sin que nadie lo advirtiera hasta que llegó la investigación judicial es, cuanto menos, un dato que merece ser explicado con más detalle que un simple “me equivoqué”.
Francisco Adorni no es un funcionario de segunda línea: su apellido está en el centro de la escena política nacional por el rol de su hermano en la Casa Rosada. Eso no lo hace culpable de nada, pero sí pone la lupa más cerca. La Justicia tiene ahora la palabra, y la decisión de Rafecas sobre si avanza con la indagatoria definirá si este caso queda en un error administrativo o escala a algo más serio.
