No es un dato menor y la ministra lo dijo sin rodeos: los suicidios en las fuerzas de seguridad aumentaron durante 2025 en todo el país. Alejandra Monteoliva, titular de la cartera de Seguridad, salió a reconocer públicamente lo que muchos adentro de las fuerzas ya venían advirtiendo en voz baja.
La funcionaria señaló que el fenómeno tiene una cara económica que no se puede ignorar: niveles preocupantes de endeudamiento, tanto formal como informal, entre los efectivos. Una combinación que, en contextos de alta presión laboral y escaso acompañamiento institucional, puede volverse letal. “Se incrementaron en el país”, admitió Monteoliva, sin eufemismos.
El reconocimiento público de esta realidad es, en sí mismo, un paso que no siempre se da. Las fuerzas de seguridad cargan históricamente con una cultura del silencio frente al malestar interno: pedir ayuda psicológica o reconocer dificultades económicas suele verse, en esos ámbitos, como una debilidad. Que la propia ministra lo ponga sobre la mesa abre una ventana, aunque también genera la pregunta obvia: ¿cuánto tiempo llevaban estos números subiendo sin que nadie lo dijera en voz alta?
Monteoliva anticipó que se preparan medidas concretas para brindar “un alivio” a los efectivos, aunque no precisó el alcance ni el cronograma de esas acciones. La vaguedad de los anuncios contrasta con la contundencia del diagnóstico: si los números son tan serios como la ministra reconoce, la respuesta institucional tendrá que estar a la altura.
El endeudamiento de los miembros de las fuerzas es un problema estructural que se arrastra hace años. Los créditos informales, en particular, exponen a los efectivos a situaciones de vulnerabilidad extrema que van mucho más allá de lo financiero. Cuando esa presión se acumula sin contención, las consecuencias pueden ser irreversibles. El desafío ahora es que el reconocimiento oficial se traduzca en políticas reales y no quede como una declaración más en el archivo de las buenas intenciones.
