Todo empezó con un hombre gritando en el subsuelo de la sede de las fiscalías penales de La Plata. Decía que no lo iban a meter en ningún lío. Nadie imaginaba que ese escándalo iba a destapar una red de lavado de dinero con billeteras virtuales millonarias, datos de presos y una funcionaria judicial con cuenta en Only Fans.
La investigación lleva dos años y esta semana dejó presa a Albertina Mangini, empleada de la Oficina de Coordinación de la Fiscalía General con el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Junto a ella cayeron dos hombres y otros tres imputados. La fiscal a cargo es Betina Lacki, la misma que desarmó el sistema de sueldos truchos de “Chocolate” en la Legislatura bonaerense.
El mecanismo era tan simple como brutal. La banda armaba “mulas” financieras: abría cuentas a nombre de personas reales, con sus datos reales, que casi nunca lo sabían. Para obtener el acceso biométrico, citaban a esas personas con el pretexto de sacarles fotos para su expediente digital. Muchos eran ex presos que debían presentarse ante el Patronato de Liberados. El banco de datos era enorme: la provincia tiene 66.000 presos y más de 30.000 personas bajo distintas formas de libertad condicional.
El caso se reactivó cuando una señora de limpieza del propio edificio de tribunales contó que le ofrecieron 80.000 pesos para que le sacaran fotos del rostro en el bar de enfrente. Cuando llegó, había otras 30 personas haciendo fila para lo mismo. Meses después, cuando fue a tramitar una moratoria para jubilarse y atender a su hijo con discapacidad, le dijeron que no podían hacerle el plan de pagos porque su nombre figuraba con 172 millones de pesos movidos en dos billeteras virtuales. Como consecuencia, también le quitaron a su hijo el certificado de discapacidad. Esa mujer fue a denunciar y la causa explotó.
En la misma trama quedó imputado Ignacio Marchioni, quien ya había estado involucrado en la causa Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo con vínculos con “Chiqui” Tapia que socorría a clubes de fútbol por indicación de la AFA. Esa maniobra también se basaba en billeteras virtuales investigadas por organismos de control como ARCA y la Procelac. La pregunta que ronda los pasillos judiciales es inevitable: ¿los fondos del juego negro en la provincia terminaron alimentando aquellos flujos que iban al fútbol? Una fuente de la investigación en La Plata calificó eso como “una hipótesis probable, que será analizada”.
El caso encendió alarmas en el gobierno bonaerense. El ministro de Justicia, Juan Mena, operador judicial de Cristina Kirchner, aclaró de inmediato que Mangini no depende de su Ministerio sino de la Procuración bonaerense, aunque los datos del Patronato de Liberados sí están bajo su órbita. La aclaración llegó rápido, quizás demasiado. Mientras la fiscal Lacki avanza, la pregunta que nadie quiere responder todavía es hasta dónde llegará el hilo cuando lo terminen de tirar.
