El Súper RIGI no cierra. Este miércoles se realizó la tercera reunión del plenario de comisiones del Senado dedicada al proyecto y el resultado fue el mismo de siempre: más debate, sin dictamen. La discusión se postergó para la semana que viene, y mientras el oficialismo apura el tranco, voces aliadas empiezan a poner condiciones.
La señal más clara la dio una legisladora que responde a un gobernador aliado de La Libertad Avanza: “Estamos evaluando pedir algunas modificaciones, como que las provincias participen de los estudios previos antes de autorizar los proyectos”. Si esos cambios prosperan, el texto tendría que volver a Diputados, lo que complica el cronograma oficial.
Desde el PRO fueron más cautos pero igual de reveladores: “La idea es tener bien cerrado el proyecto antes de dictaminar para no tener que andar cambiando después”. La comparación con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que perdió dos capítulos entre el dictamen y la votación, pesa en el ambiente del Senado.
El Súper RIGI apunta a atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares en sectores que hoy no se desarrollan en el país o están en etapa experimental: inteligencia artificial, baterías de litio, vehículos eléctricos. En la última reunión, con ambientalistas como expositores, el foco cayó sobre los impactos en recursos naturales.
Florencia Gómez, de CEPPAS, advirtió sobre los data centers: “Hoy en Catamarca, San Juan, Mendoza hay barrios que ya carecen de suficiente presión de agua. No tenemos normas que digan cómo llevar adelante estos temas y se está por legislar de acá a 2056”. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, fue más directo: “No podemos perder nuestra agua, nuestra energía por 20 o 30 puestos de trabajo”.
La réplica libertaria llegó de la senadora Nadia Márquez: “Rechazo que en vez de argumentos se vengan a presentar puros fantasmas. Siempre el mismo verso de ‘vienen por todo'”. Desde la oposición peronista, el senador por San Luis Fernando Salino planteó otra duda: “¿A qué apuntan los proyectos? ¿Cuántos van a ser? La incertidumbre es grande”.
En el arranque del plenario, Guido Zack, director de Economía de Fundar, propuso modificaciones concretas: establecer consecuencias ante el incumplimiento del requisito de compra a proveedores locales y aclarar que las inversiones en investigación y desarrollo deben realizarse en Argentina. Esa cláusula de “Compre Nacional”, que fija al menos un 20% de la inversión en proveedores locales, fue incorporada por Diputados para sumar votos. El beneficio adicional para I+D tiene un techo: no puede representar más del 20% de la inversión mínima exigida. El Senado retomará el debate la semana próxima con el dictamen todavía en el aire.
