Un certificado de defunción que primero decía “autodeterminación” y después pasó a decir “muerte violenta”. Un nombre equivocado en el primer documento. Un cuerpo con golpes en la cara, el labio partido y marcas en la espalda. Eso es lo que encontraron los padres de Noemí Benítez el domingo a las 9 de la mañana en un asentamiento de La Bianca, en Concordia, y desde entonces no paran de pedir respuestas.
Noemí era madre de dos hijos. Según relató Fernanda Villafañe, allegada a la familia, el cuerpo fue hallado en una posición que para los familiares resulta incompatible con un suicidio: sentada, no suspendida, con una soga similar a un cable alrededor del cuello y otra más fina. El árbol junto al que apareció era, según los testimonios, apenas más alto que ella. La ropa que llevaba estaba seca. Ninguno de esos detalles encaja, para quienes la conocían, con la versión inicial.
El primer certificado de defunción que llegó a manos de la familia tenía además un error que no es menor: el nombre consignado era “Noelia Miranda”, no Noemí Benítez. Fue un familiar quien advirtió la confusión. A partir de ahí, y con nuevos elementos aportados a la investigación, el expediente fue corregido: se identificó correctamente a la víctima y se modificó la causa de fallecimiento a “muerte violenta” y “asfixia”. El cambio no es un detalle burocrático: es la diferencia entre archivar un caso y investigarlo.
A los elementos físicos se suman los testimonios barriales. Según Villafañe, vecinos del lugar habrían aportado relatos que la familia desconocía en un principio: algunos dicen haber visto a Noemí siendo trasladada, otros aseguran haber escuchado pedidos de auxilio durante las horas previas. La hipótesis que manejan los allegados es que el cuerpo fue llevado desde una vivienda hasta el lugar donde finalmente fue encontrado.
En el avance de la causa, hay dos hombres que se habrían presentado voluntariamente ante las autoridades, y un tercero que habría sido trasladado para declarar. La familia también espera que los restos de Noemí sean entregados para poder despedirla: el procedimiento se demoró precisamente por las sospechas que rodean el caso.
Los padres hicieron un llamado público a quienes hayan visto o escuchado algo en las horas previas a que apareciera el cuerpo. Reconocen que algunos posibles testigos tienen miedo de presentarse ante la Justicia, y por eso piden que se garanticen medidas de protección para quienes decidan hablar. La familia, además, solicitó el asesoramiento de un abogado, ya que no cuenta con los medios económicos para afrontar los honorarios de manera particular. La causa sigue abierta y los interrogantes, por ahora, no tienen respuesta.
