La página ya no carga. El teléfono no atiende. Y los aviones de Flybondi llevan 12 días en tierra sin que nadie explique con claridad qué va a pasar. Lo que empezó como una suspensión de operaciones el 6 de agosto se fue convirtiendo, día a día, en algo que se parece bastante a un naufragio.
La web de la aerolínea quedó fuera de servicio: no se pueden comprar pasajes, no se pueden reprogramar vuelos, no hay forma de contactar a la empresa por esa vía. Para los miles de pasajeros que tenían tickets emitidos, el silencio digital es tan elocuente como cualquier comunicado oficial.
Pero el problema más grave no es el de los viajeros varados. Son los 700 exempleados que todavía no cobraron sus indemnizaciones. Trabajadores que perdieron el empleo de un día para el otro y que hoy enfrentan un limbo legal mientras la empresa acumula frentes abiertos en la Justicia.
Porque la situación judicial de Flybondi es, para decirlo con precisión, crítica. La compañía tiene encima un embargo por más de $1.500 millones y enfrenta pedidos de quiebra que ya ingresaron al sistema. Con ese panorama, la perspectiva de cobro para los trabajadores se complica con cada día que pasa sin una resolución.
La caída de Flybondi no es un dato menor para la Argentina. Era una de las pocas aerolíneas de bajo costo que había logrado instalar la idea de que volar podía ser accesible para sectores medios. Rutas que antes eran exclusivas de Aerolíneas Argentinas o LATAM empezaron a tener competencia real. Ese modelo, con todas sus tensiones laborales y sus márgenes ajustados, hoy está en el piso.
Lo que viene ahora depende de la Justicia, de los acreedores y de si aparece algún interesado en rescatar lo que queda de la empresa. Por ahora, los únicos que tienen certeza de algo son los 700 trabajadores sin cobrar: saben que cada semana que pasa sin resolución es una semana más de incertidumbre sobre su futuro.
