La tijera no descansó en julio. Pese a que la inflación del 33,8% le ganó la pulseada a los ingresos fiscales, el Gobierno nacional logró mantener el equilibrio de las cuentas públicas con una herramienta que ya conoce bien: recortar el gasto en términos reales. Y esta vez, el ajuste fue más profundo que en meses anteriores.
Los sectores que más sintieron el hachazo fueron las transferencias a las provincias y los subsidios energéticos y de transporte. Ambos rubros cayeron por debajo del ritmo de los precios, lo que en la práctica significa menos recursos reales para las administraciones provinciales y tarifas que siguen ajustándose al bolsillo de los usuarios. Para una provincia como Entre Ríos, que depende en buena medida de los fondos nacionales, este tipo de señales no pasan desapercibidas.
El único rubro que escapó a la lógica del recorte fue el de las transferencias a las universidades nacionales, que crecieron por encima de la inflación. Un dato que contrasta con el resto del cuadro y que el Gobierno puede exhibir como gesto hacia el sector educativo, aunque el contexto general del ajuste lo opaca.
El problema de fondo es que la recaudación no acompañó. Los ingresos del Estado subieron, pero menos que los precios, lo que achicó el margen fiscal en términos reales. Sostener el superávit o el equilibrio en ese escenario implica, necesariamente, apretar más el gasto. No hay magia: si entra menos en términos reales, tiene que salir menos también.
La estrategia del ancla fiscal sigue siendo el eje central de la política económica nacional, y julio mostró que el Gobierno está dispuesto a profundizarla aunque eso implique tensiones con gobernadores y con sectores que dependen de los subsidios. La pregunta que empieza a circular en los despachos provinciales es hasta cuándo esta dinámica es sostenible sin que el costo político y social se vuelva demasiado pesado de cargar.
Los datos de agosto, con una economía que todavía busca estabilizarse, serán el próximo termómetro para medir si el ajuste se mantiene en estos niveles o si el Gobierno decide aflojar la presión antes de que el malestar se traduzca en ruido político concreto.
