La desaparición de una chica de 13 años en Villa María de Río Seco, una pequeña localidad de 7.000 habitantes al norte de Córdoba, terminó por destapar una trama que estremece: una trama de abuso sexual y grooming que involucra a once adultos detenidos y que tiene como dato más perturbador el hallazgo de implantes anticonceptivos subdérmicos colocados a tres víctimas cuando tenían entre 11 y 12 años.
La menor desapareció a fines de julio. A través de la geolocalización de su celular, la Justicia la encontró días después en Sumampa, Santiago del Estero, a unos 80 kilómetros de su casa, junto a otra adolescente y un hombre de 60 años. Desde ese momento, la causa no paró de crecer.
El análisis del teléfono de la chica destapó conversaciones con distintos hombres adultos, en su mayoría remiseros y conductores de aplicaciones de la localidad cordobesa. Algunos la contactaban por redes sociales para pedirle fotos de contenido sexual; otros directamente organizaban encuentros. Como contraprestación, las adolescentes recibían gaseosas y sándwiches. Eso fue suficiente para que los adultos las sometieran.
La fiscal de instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, describió un ambiente de “extrema vulnerabilidad” que el grupo de hombres explotó sistemáticamente. “Se nota que es bastante casera la modalidad de captación”, dijo Cepede, aunque aclaró que todavía no está acreditada la existencia de una red organizada. Lo que sí está claro es que varios imputados tenían contacto entre sí y compartían información sobre las niñas.
Entre los once detenidos aparece José Aníbal Villareal, quien figuraba como asesor del legislador provincial Ernesto Ramón Flores, de Hacemos por Córdoba, el partido del gobernador Martín Llaryora. Flores pidió la baja de Villareal el 31 de julio, cuando fue detenido. La fiscal aclaró que tiene acreditado que Villareal utilizó un campo del legislador, aunque no está probado que haya sido con su autorización, y que Flores no está vinculado a la causa.
El giro más oscuro llegó durante las evaluaciones médicas. Las tres víctimas, que hoy tienen entre 13 y 14 años, tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía al menos dos años, según lo que ellas mismas relataron. “Que vaya un menor de esa edad sin un adulto responsable, sin explicar por qué se lo va a insertar… también nos genera un estado de duda”, señaló Cepede, abriendo otra línea de investigación.
La Justicia también indaga cómo estas chicas, que habían abandonado la escuela, pudieron mantener contacto con tantos adultos sin que su entorno familiar lo advirtiera. Se estima que los hechos habrían comenzado al menos cinco meses atrás, aunque no se descarta que la situación sea de más larga data. La fiscal no descarta que el número de imputados siga aumentando.
