El conflicto en Granja Tres Arroyos llegó a un punto de inflexión. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el enfrentamiento entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay, ordenando reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde el 7 de agosto.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 363/2026 STySS, en el marco de la Ley Nº 14.786, y rige por 15 días hábiles a partir de las 14 horas del jueves 13 de agosto. El texto es claro: la situación debe retrotraerse al estado previo a la comunicación de los despidos, y la empresa queda intimada a abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical. Del otro lado, el sindicato y los trabajadores fueron intimados a levantar toda medida de acción directa y retomar las tareas con normalidad mientras dure el período de conciliación.
El incumplimiento de cualquiera de las partes puede derivar en sanciones previstas por la normativa laboral vigente, algo que el gobierno provincial no parece dispuesto a dejar pasar. La audiencia de conciliación quedó fijada para el jueves 20 de agosto a las 12, en la sede de calle Buenos Aires 166 de Paraná, con representantes de ambas partes con poder de decisión real.
El trasfondo del conflicto es grave. La planta La China de Concepción del Uruguay lleva su actividad paralizada desde el 26 de mayo, afectando a más de 900 trabajadores. Ante ese cuadro, el gobierno provincial desplegó una batería de medidas de asistencia: entregó 1.900 módulos alimentarios, gestionó 825 solicitudes de subsidios de 200.000 pesos —con pagos ya iniciados y ampliación prevista a 1.075 trabajadores—, otorgó una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y gestionó una prórroga y refinanciamiento de deuda con Enersa.
A eso se sumó un protocolo específico con el Hospital J.J. Urquiza para garantizar atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social quedó desfinanciada por la falta de pagos de la empresa. Un dato que habla de la dimensión humana de una crisis que excede largamente lo laboral. La conciliación abre una ventana de 15 días para que las partes encuentren una salida; lo que pase en esa audiencia del 20 de agosto definirá si el diálogo alcanza o si el conflicto escala a una nueva fase.
