El reloj corre y la paciencia sindical se agotó. El gremio que representa a los trabajadores de Unionbat lanzó una intimación formal a la empresa: tiene 48 horas para depositar las indemnizaciones y los salarios adeudados a los 100 empleados que fueron despedidos.
La advertencia no deja margen para especulaciones. Si la firma no cumple en ese plazo, el sindicato avanzará por la vía judicial para solicitar el embargo de cuentas y bienes de la empresa. Una medida que, de concretarse, pondría a Unionbat en una situación patrimonial complicada y con visibilidad pública.
Lo que está en juego no es menor: cien familias esperan cobrar lo que les corresponde por ley. Indemnizaciones y haberes que, según la intimación sindical, no fueron abonados pese al tiempo transcurrido desde los despidos. Ese incumplimiento es el que encendió la mecha.
La estrategia del gremio es clara: primero la presión extrajudicial con plazo concreto, y si no hay respuesta, la Justicia. Un camino habitual en estos conflictos laborales, pero que en este caso involucra una cantidad de trabajadores afectados que le da una dimensión significativa al reclamo.
Si Unionbat no regulariza la situación en las próximas horas, el expediente judicial podría convertirse en el próximo capítulo de esta disputa.
