Un vocero presidencial que habla de más, $3.200 millones anuales que no llegan a las rutas y una denuncia penal que lleva más de tres décadas acumulando argumentos. La situación del sistema vial nacional volvió a encenderse con declaraciones que, según los usuarios de las rutas, confirman lo que muchos sospechaban.
Claudio Lasca, presidente de la Confederación Nacional de Usuarios Viales (CONADUV), salió con los tapones de punta tras una entrevista en la que el vocero presidencial Ravier admitió, sin demasiados rodeos, que una parte de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles no va a mantenimiento vial sino que el Ministerio de Economía los redirige para sostener el equilibrio fiscal. “El vocero no sé si se le fue la boca o qué pasó, pero fue muy honesto con lo que está pasando, que es una barbaridad”, disparó Lasca.
Para la CONADUV, la admisión equivale a confirmar la malversación de fondos viales. Lasca subrayó que llevan más de 30 años denunciando este desvío y que recién en los últimos tiempos comenzaron a formalizarse denuncias penales concretas contra funcionarios nacionales. La cifra que pone sobre la mesa es elocuente: con esos $3.200 millones anuales se podrían construir 2.000 kilómetros nuevos de autovías por año. “Han pasado tantos años que han robado este dinero”, graficó.
La organización también cuestionó el modelo de concesiones viales del gobierno actual, que a su criterio resulta peor que el de los años 90. Como ejemplo emblemático, Lasca apuntó a la concesión del puente Rosario-Victoria y los 50 kilómetros del Viaducto de la ruta nacional 174, otorgada a un empresario involucrado en el juicio oral de la causa Cuadernos, donde más de 60 empresarios están acusados de pagar coimas para la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. “Es un negocio brillante de inversión cero y riesgo cero”, fustigó, señalando que las únicas contraprestaciones exigidas a las concesionarias son el corte de pasto y el bacheo.
En paralelo, Lasca advirtió sobre otro frente crítico: el traspaso de rutas nacionales a las provincias sin fondos, que deja a Vialidad Nacional como un organismo residual. El caso más visible es el del paso internacional Cristo Redentor, cerrado desde hace un mes por un temporal de nieve histórico, con entre 2.000 y 3.000 camiones varados esperando cruzar hacia Chile. “Las máquinas no funcionan y se las agarran con la gente de Vialidad”, señaló.
La CONADUV presentó además un proyecto de ley para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles en el Congreso, con participación de usuarios viales, el sector agropecuario y el transporte. El proyecto fue cajoneado. La denuncia penal sigue su curso.
