Una sesión especial, apuro legislativo y una acusación que pesa: el Senado de Entre Ríos convirtió en ley la reglamentación del artículo 60 de la Constitución Provincial, ese mecanismo excepcional que permite declarar la inconstitucionalidad de normas con efecto derogatorio. El resultado fue 9 votos a favor y 5 en contra, y la pelea política quedó al descubierto.
La sesión fue la 3ª Sesión Especial del 147º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani. El proyecto llegó al recinto sin dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, un detalle que encendió de entrada la discusión. Tampoco hubo tiempo para consultar a la Asociación de la Magistratura, algo que la oposición no dejó pasar.
El senador Juan Pablo Cosso (Villaguay, Más para Entre Ríos) fue el primero en marcar el territorio: dijo que la iniciativa restringe el alcance de las acciones de inconstitucionalidad, en especial la vía del amparo, y condiciona el accionar del Superior Tribunal de Justicia. Su diagnóstico fue directo: “Es una manera sutil de blindar la ley de reforma previsional”. La acusación es de peso, porque esa reforma previsional ya generó rispideces en la Legislatura y su impacto sobre jubilados y trabajadores sigue siendo discutido.
En la misma línea, el senador Víctor Sanzberro (Victoria, Más para Entre Ríos) advirtió que la reglamentación podría tornar el mecanismo constitucional “difícilmente aplicable”, lo que en la práctica equivale a vaciarlo de contenido. Su bloque ya había votado en contra de la reforma previsional por considerar que perjudica a los trabajadores, y ve en esta nueva ley una segunda vuelta del mismo partido.
La defensa del proyecto quedó en manos del senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú, Juntos por Entre Ríos), quien argumentó que la norma aporta seguridad jurídica, certeza y razonabilidad al proceso, garantizando plazos adecuados, posibilidad de ofrecer pruebas y participación de todas las partes. También destacó que la publicidad y el registro de sentencias que propone el texto refuerzan la transparencia. “Nosotros no tenemos la última palabra, pero estamos ejerciendo un legítimo derecho de reglamentación”, sostuvo.
Los 9 votos afirmativos correspondieron a los bloques Juntos por Entre Ríos, Peronismo Federal y Frente Cimarrón. Los 5 negativos, al bloque Más para Entre Ríos. La ley pasa ahora al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.
La discusión de fondo no es menor: reglamentar un artículo constitucional puede ser un ejercicio legítimo del Poder Legislativo, o puede ser una maniobra para acotar el margen de acción de la Justicia frente a leyes polémicas. La oposición eligió la segunda lectura, y lo dijo con todas las letras. El tiempo y los tribunales dirán quién tenía razón.
