El Senado argentino fue el escenario de uno de los cruces más calientes de la semana. Patricia Bullrich y Jorge Capitanich se fueron a las manos verbales en plena sesión por la ley de tierras, y lo que empezó como un debate sobre soberanía territorial terminó convertido en un escándalo con amenaza judicial de por medio.
La escena ocurrió el jueves a la noche. Bullrich hablaba desde su banca y apuntó directo: acusó a un senador chaqueño de haber repartido tierras fiscales entre amigos del poder y de estar procesado por eso. El aludido era Capitanich, y no tardó ni un segundo en reaccionar.
“¿Pero estás procesado o no estás procesado? Sí, estás procesado”, le gritó Bullrich mientras el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, intentaba ordenar el recinto. Capitanich pidió una cuestión de privilegio, señaló a Bullrich con el dedo y apeló, entre otras cosas, a los Diez Mandamientos: “Los que somos creyentes, que creemos en Dios, sabemos que la verdad es libertad”. Anunció que la querellará.
Pero más allá del teatro parlamentario, hay un expediente que habla por sí solo. El 16 de julio de 2026, el juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, procesó a Capitanich en una causa por la presunta adjudicación irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales durante su gestión como gobernador del Chaco. Una superficie que equivale aproximadamente al 20 por ciento de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un escrito de 52 páginas, el juez lo encuadra como presunto coautor de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La resolución sostiene que Capitanich habría actuado “en connivencia con el grupo organizado encabezado por Marta Soneira“, ex ministra de Desarrollo Territorial y Ambiente y ex presidenta del Instituto de Colonización del Chaco, junto a la pareja de esta, Mauricio Cian, y sus socios.
Según la hipótesis fiscal, desde el Instituto de Colonización se habrían realizado adjudicaciones de campos fiscales a precios muy por debajo del valor de mercado, beneficiando a empresarios vinculados al entorno de Soneira. Capitanich habría convalidado esas decisiones mediante su firma en decretos del Poder Ejecutivo provincial.
En su declaración indagatoria, el ex gobernador negó los hechos y sostuvo que las políticas de colonización “no constituyeron actos arbitrarios, sino que formaron parte de mandatos constitucionales y planes destinados a garantizar el arraigo de pequeños productores y el desarrollo productivo del Chaco”. Su versión y la del juez Carbajal son, por ahora, incompatibles. La Justicia tendrá la última palabra.
