La investigación por los llamados “adicionales truchos” dentro de la Policía de Entre Ríos sigue su curso, y la Justicia acaba de mandar una señal clara: los policías que se animaron a denunciar el presunto esquema de desvío de fondos van a seguir protegidos. El fiscal auxiliar Juan Francisco Ramírez Montrull, de la Unidad de Investigación y Litigación, resolvió este jueves 6 de agosto prorrogar por 90 días más las medidas de protección dispuestas en mayo, extendiendo su vigencia hasta el 6 de noviembre.
Las medidas alcanzan a Luján Micheloud, César Manuel Gutiérrez, Alexis Leonel Minetti, Alejandro Ariel Villarreal, Gastón Carlos Andrés Heinzt, Juan Manuel Zunino y al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González. Para los primeros seis, la resolución establece que deberán abstenerse de acercarse o realizar actos molestos, violentos o perturbadores —directamente o por interpósita persona y por cualquier medio— respecto de los denunciantes y testigos protegidos.
El caso de González merece un párrafo aparte. El fiscal le impuso una restricción específica: deberá abstenerse de ordenar, promover o ejecutar actos administrativos que impliquen modificaciones en las condiciones de revista, traslados, cambios de turno, pérdida de adicionales o medidas disciplinarias contra los denunciantes, salvo que cuenten con sustento técnico y legal suficiente. Además, deberá garantizar que los policías involucrados y sus familias no sufran hostigamiento ni vigilancia en el ámbito laboral o personal. La resolución también será comunicada al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
La advertencia del fiscal no deja margen a la interpretación: el incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría configurar el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal. Dicho de otro modo, no son sugerencias.
La denuncia original, patrocinada por los abogados Rubén Alberto Pagliotto y José Antón Pastori, fue presentada por policías en actividad que pidieron reserva de identidad por temor a represalias dentro de la propia fuerza. Según la presentación, dentro de la Policía habría funcionado un mecanismo sistemático para desviar fondos de servicios adicionales: determinados efectivos figuraban como responsables de servicios que, según los denunciantes, eran realizados por otras personas, mientras los fondos podían terminar circulando por cuentas particulares. La denuncia estimó preliminarmente que el circuito podría haber movilizado alrededor de 90 millones de pesos mensuales, con un monto acumulado de hasta 7.200 millones de pesos en dos años. Se trata de cifras que forman parte de la denuncia y que deberán ser investigadas y acreditadas en el expediente.
Uno de los abogados patrocinantes valoró la decisión del fiscal y subrayó que la continuidad de las medidas resulta especialmente relevante dadas las características de la estructura policial. La prórroga mantiene en pie el escudo legal que, por ahora, separa a los denunciantes de cualquier presión institucional mientras la investigación avanza.
