Cinco veces llegó al recinto y cinco veces tuvo que ceder algo. La ley impulsada por Patricia Bullrich en el Senado terminó aprobándose sin los capítulos más polémicos, pero con un saldo que no es menor: habilita los desalojos exprés, restringe las capacidades del Estado para expropiar y desregula aspectos clave de la gestión pública.
El oficialismo llegó a la sesión del 7 de agosto con el llamado “grupo de los 44” reducido a unos 38 aliados. Además de los 21 senadores libertarios, Bullrich contó con el respaldo del PRO, la mayor parte del radicalismo y bloques provinciales de Neuquén, Chubut, Tucumán, Misiones y el correntino Carlos “Camau” Espínola. Alcanzó para avanzar, pero la merma es una señal de desgaste difícil de disimular.
El texto que finalmente se votó llegó a manos de la oposición una hora antes de que comenzara la sesión, una transparencia que brilló por su ausencia. Afuera del Congreso, la cartera de Seguridad montó un operativo que la propia senadora Juliana Di Tullio calificó de desproporcionado y fuera de control. Cerca de las nueve de la noche, Di Tullio advirtió que una fotógrafa había sido trasladada al Hospital Argerich gravemente herida. “Hacemos una sesión en medio de un desastre en la calle. Lo que está haciendo el Gobierno es enojarse con el pueblo porque el pueblo le torció la mano y tuvo que sacar el capítulo de extranjerización de la tierra”, denunció.
Adentro, el debate fue más tranquilo de lo esperado. La impugnación al senador Joaquín Benegas Lynch, dueño de una empresa dedicada a la venta de tierras argentinas a extranjeros, se resolvió con una respuesta que esquivó el evidente conflicto de intereses: “El capítulo III no se va a votar hoy. La senadora hizo la presentación a sabiendas de que no se iba a votar. Pero, por supuesto, esta es la vieja política”, dijo Benegas Lynch. El pedido de votación virtual de la senadora Anabel Fernández Sagasti por su embarazo avanzado derivó en un envío a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el propio peronismo aceptando sin ir a fondo en una discusión que afecta especialmente a senadoras del interior.
El conflicto diplomático con Brasil también se coló en la sesión. El titular del interbloque peronista, José Mayans, repudió los dichos del presidente Javier Milei sobre Lula y pidió disculpas al mandatario brasileño. Bullrich salió a cruzarlo y justificó al presidente, pidiendo separar “la política de las relaciones institucionales estratégicas”, sin reconocer la gravedad de los ataques.
La ley, bautizada como Inviolabilidad de la Propiedad Privada, posibilita la aceleración de los desalojos. El senador Agustín Coto, miembro informante, sostuvo que apunta a recuperar “propiedades usurpadas”, pero la normativa genera alarma entre organizaciones sociales y especialistas en derecho habitacional que advierten sobre los riesgos para sectores vulnerables. El oficialismo logró su aprobación, pero el precio político de cinco idas y vueltas, una represión en las calles y un bloque que se achicó no es un dato menor de cara a los próximos meses legislativos.
