Hay una pregunta que no se puede esquivar: ¿puede un senador nacional impulsar la desregulación del mercado de tierras mientras tiene una empresa privada que se beneficiaría directamente de esa apertura? El caso de Martín Benegas Lynch, legislador libertario por Entre Ríos, vuelve a instalar esa pregunta con fuerza renovada.
La empresa en cuestión se llama Glocal Terra SRL, constituida en 2020 junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz, con domicilio en avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sitio web, íntegramente en inglés, ofrece servicios de inversión, valuación y administración de tierras para clientes internacionales. Según la información publicada por la propia compañía, habría participado en operaciones vinculadas a más de 3 millones de hectáreas en América Latina, tasado más de 400.000 hectáreas y administrado 85.000 hectáreas de bosques en Argentina y Chile, incluyendo proyectos de créditos de carbono.
El objeto social de la firma es notablemente amplio: administración de bienes rurales, consultoría empresarial e intermediación en la compra y venta de ganado. Sin embargo, a pesar de esas actividades declaradas, que implican gestión concreta y mano de obra, la empresa no registra ni un solo empleado inscripto. El capital social, por su parte, es de apenas $100.000.
Antes de fundar Glocal Terra, Benegas Lynch había dirigido Pampa Partners, una empresa vinculada al empresario estadounidense Douglas Tompkins, también orientada a la compra, venta y administración de grandes extensiones rurales. El perfil de negocios del senador en este rubro no es nuevo ni accidental.
Lo que agrava el cuadro es la acumulación de señales que rodean su situación patrimonial. Pese al patrimonio declarado, el senador prácticamente no tributa impuestos provinciales en Entre Ríos, la provincia a la que representa y donde, según sus propias actividades declaradas, realiza negocios con tierras. Una inconsistencia difícil de explicar. A eso se suma que un inmueble valuado en alrededor de 500 mil dólares, donde se realizó una fiesta privada de considerable ostentación, habría sido omitido en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, según investigaciones previas sobre el caso.
El tercer elemento que suma tensión al expediente es la adhesión del senador al llamado «Régimen de Inocencia Fiscal», un sistema impulsado por el Gobierno nacional que reduce la información patrimonial que ciertos contribuyentes deben presentar ante la ARCA. Para un funcionario público obligado a rendir cuentas sobre la evolución de su patrimonio, la decisión generó cuestionamientos de peso.
Todo esto confluye en un momento político preciso: el oficialismo buscaba modificar la Ley de Tierras para eliminar restricciones al mercado, una iniciativa que enfrentó resistencia legislativa. Benegas Lynch era uno de los impulsores de esa apertura. El mismo legislador que defiende desregular el mercado de tierras tiene una empresa privada que presta servicios a inversores internacionales interesados en comprar esas mismas tierras. La coincidencia, como mínimo, merece una explicación que hasta ahora no llegó.
