El debate parecía claro: emergencia hídrica, fenómeno El Niño, creciente del río, pronósticos que no son buenos. Pero en el Concejo Deliberante de Concordia las cosas rara vez son tan simples, y esta mañana el pasado volvió a meterse en la discusión con toda su incomodidad.
El concejal Mauricio Rey (JxER) fue quien fundamentó el proyecto de emergencia. Recordó la cola de tornado que golpeó la zona norte de la ciudad el 18 del mes pasado, la creciente estacional en curso y advirtió que los organismos meteorológicos anticipan una nueva creciente para el mes que viene. “Esto agrava mucho la situación“, remarcó Rey, quien subrayó que la declaración permitirá al municipio actuar con mayor velocidad: contrataciones por compra directa, adquisición de maquinaria, ejecución de obras. La emergencia regiría desde su promulgación hasta el 31 de marzo de 2027.
Desde el PJ, la presidenta del bloque, Carolina Amiano, anunció que acompañarían la declaración. Su argumento: darle herramientas al Ejecutivo para planificar con anticipación ante lo que se viene. Sin objeciones de fondo, sin preguntas incómodas.
Pero las preguntas incómodas ya estaban en el aire. El exconcejal Mariano Giampaolo había publicado una columna señalando que el intendente Francisco Azcué habló en el COE de niveles que “como mínimo podrían llegar a los 15 metros“, sin identificar el informe técnico que sustenta ese número: sin autor, sin metodología, sin escenarios alternativos. Para Giampaolo, una emergencia no es un trámite simbólico: “puede convertirse en la llave para reducir la competencia entre proveedores, acortar procedimientos y concentrar decisiones“. Su pedido fue concreto: que el Concejo exija la publicación del estudio completo, el texto de la ordenanza, el presupuesto previsto y la lista precisa de bienes y servicios alcanzados.
El concejal Felipe Sastre (JxER) respondió con dureza. Agradeció el acompañamiento opositor pero calificó a Giampaolo como un “exconcejal que se ha transformado en denunciador serial“. “Capaz haga una denuncia y pida el diario de la sesión para ver lo que dijimos”, lanzó Sastre, preocupado por lo que describió como “mentiras y afectaciones al buen nombre” de los ediles.
El problema es que la historia reciente le da argumentos a quien pregunta. En marzo pasado, el Concejo aprobó una emergencia ambiental que habilitó, en menos de 24 horas, la contratación directa de la recolección de residuos. Esa decisión terminó en Tribunales: según la denuncia presentada por un abogado, el daño al patrimonio municipal asciende a $8.330.000 por día, pagados a una empresa elegida unilateralmente por el intendente, mientras 120 trabajadores municipales permanecerían sin asignación de tareas acordes a su capacitación. Sastre fue uno de los concejales que fundamentó aquella decisión.
El Concejo aprobó la emergencia hídrica. Ahora la pregunta que queda flotando es si esta vez los controles serán los que la ciudadanía y la situación exigen, o si el mecanismo de compra directa volverá a generar más preguntas que respuestas.
