La Justicia entrerriana puso un freno de mano. Una medida cautelar suspendió la entrega de alimentos con octógonos negros de advertencia en los comedores y programas de desayunos y meriendas de las escuelas de Entre Ríos, al menos hasta que haya sentencia definitiva o se disponga otra cosa.
El amparo colectivo fue presentado el viernes 31 de julio por organizaciones y familias que cuestionaron el nuevo esquema de abastecimiento escolar impulsado por el Gobierno provincial. El sistema, anunciado el 23 de julio, reemplazaba el modelo anterior —donde cada establecimiento tenía mayor participación en la compra— por una modalidad centralizada con una única empresa proveedora: Teknofood.
El nudo del problema es concreto: según los impulsores del amparo, parte de los productos incluidos en la nueva provisión llevaban sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio o calorías, en cumplimiento de la Ley 27.642 de etiquetado frontal. Que un alimento tenga octógono no lo vuelve ilegal, pero que ese alimento llegue a la mesa de los chicos en las escuelas sí genera una pregunta incómoda: ¿quién autorizó eso?
La resolución judicial también ordenó a la Provincia garantizar “en forma simultánea e ininterrumpida” la provisión de alimentos que no estén alcanzados por la prohibición, bajo la modalidad que regía antes de la centralización. Es decir: mientras dure la cautelar, el sistema viejo debe seguir funcionando.
Los abogados Verónica Fischbach, Valeria Inés Enderle, María Aldana Sasia y Rubén Alberto Pagliotto llevaron la acción judicial en representación de las organizaciones y familias peticionantes.
Desde el Gobierno provincial habían justificado el cambio señalando que el modelo anterior acumulaba diferencias de calidad entre escuelas, precios dispares para productos similares y una sobrecarga administrativa sobre directivos y docentes que debían gestionar compras y proveedores. La reforma, dijeron, buscaba igualdad, control y eficiencia.
Pero los impulsores del amparo advierten que la nueva modalidad no solo desplaza a las pymes regionales que hoy abastecen a los comedores, sino que además sustituye alimentos frescos y de elaboración local por productos industrializados predeterminados. La cautelar judicial abre ahora un debate que va más allá de los procedimientos administrativos: qué se le da de comer a los chicos en las escuelas entrerrianas y quién decide eso.
