Decenas de embarcaciones varadas, el río Paraná sin movimiento y un conflicto que llegó a todos los puertos del país al mismo tiempo. Eso fue lo que dejó el paro de prácticos, pilotos y baqueanos este lunes, una medida de fuerza que no es un capricho gremial sino la respuesta directa a una decisión del gobierno nacional que cambió las reglas del juego de un día para el otro.
El detonante fue la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que desreguló el servicio de practicaje en la Argentina. Para quienes no conocen el término: los prácticos son los especialistas que guían a los buques por los canales fluviales, conocen cada curva del río, cada banco de arena, cada riesgo. No es un servicio cualquiera. Es, en muchos sentidos, la diferencia entre un barco que llega a destino y uno que encalla.
La desregulación abre la actividad a nuevos operadores y modifica las condiciones bajo las cuales estos profesionales trabajan. Los gremios del sector interpretaron el decreto como una amenaza directa a sus fuentes de trabajo y a las condiciones de seguridad en la navegación, y respondieron con el único instrumento que tienen: la huelga.
El impacto fue inmediato y contundente. El río Paraná, columna vertebral del comercio exterior argentino, fue el más afectado. Por sus aguas pasan toneladas de granos, combustibles y mercaderías que sostienen buena parte de la economía del país. Cada hora de paralización tiene un costo que no es solo simbólico.
El conflicto pone sobre la mesa una pregunta que el gobierno de Javier Milei deberá responder más temprano que tarde: ¿hasta dónde puede llegar la desregulación sin afectar servicios que tienen una dimensión de seguridad pública? La apertura de mercados es una política legítima, pero el practicaje no es lo mismo que vender empanadas en la calle. Un error en un canal navegable puede terminar en catástrofe ambiental o en vidas perdidas.
Por ahora, el decreto sigue en pie y el paro dejó su marca. La negociación entre el sector y el gobierno nacional será el próximo capítulo de este conflicto que, mientras no se resuelva, mantiene en vilo a toda la cadena logística fluvial del país.
