Casi tres meses sin cobrar y sin una solución concreta de la empresa: esa es la realidad que enfrentan los trabajadores de Granja Tres Arroyos, una de las crisis laborales más prolongadas que atraviesa la provincia de Entre Ríos en lo que va del año.
El funcionario provincial Mariano Camoirano salió a dar la cara y detalló las medidas que el gobierno entrerriano está tomando para contener la situación. La intervención provincial apunta a explorar alternativas de inversores privados y financiamiento que permitan reactivar la planta, aunque el panorama todavía está lejos de resolverse.
La frase que más pesa es la del propio Camoirano: “La empresa aún hoy no tiene una solución propuesta”. Dicho de otra manera, los trabajadores siguen esperando mientras la empresa no mueve el tablero. Eso, a casi noventa días de atraso salarial, es una situación que no admite más demoras.
La reactivación de la planta no está descartada, pero tampoco garantizada. El Estado provincial funciona como mediador y contenedor de una crisis que la empresa no logra —o no quiere— resolver por sus propios medios. El análisis de posibles inversores es una señal de que se buscan salidas, pero también una advertencia de que el camino no es corto ni sencillo.
Mientras tanto, las familias que dependen de esos salarios siguen cargando con la incertidumbre. La intervención provincial es un paso necesario, pero los trabajadores necesitan respuestas concretas, no solo gestiones en curso.
