El dato es para no pasar por alto: la creación de empresas en la Argentina cayó a niveles comparables con los de la crisis de 2001-2002, uno de los peores momentos económicos de la historia reciente del país. No es una percepción ni una queja de parte: es lo que muestra un informe privado que midió el comportamiento del tejido empresarial desde que arrancó la actual gestión nacional.
Los números son contundentes. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se perdieron 28.262 firmas empleadoras en todo el país. No son empresas fantasma ni sociedades de papel: son unidades productivas que tenían trabajadores en relación de dependencia y que dejaron de existir o dejaron de emplear. El correlato directo es la destrucción de más de 341.000 puestos de trabajo formal.
Lo que el informe señala con particular preocupación es que la tasa de apertura de nuevas empresas no alcanza para compensar el cierre de las existentes. En otras palabras, el flujo de nacimiento de firmas está por debajo del flujo de muertes. Eso genera un saldo negativo sostenido que, en términos históricos, solo tiene parangón con el colapso de 2001.
La discusión de fondo no es menor. El gobierno nacional sostiene que el ajuste era inevitable para sanear las cuentas públicas y que el rebote productivo llegará. Pero los datos del mercado laboral formal cuentan otra historia, al menos por ahora: menos empresas, menos empleo registrado, y una comparación histórica que incomoda a cualquier defensor del modelo.
¿Cuánto tiempo puede sostenerse una economía que destruye empleo formal a este ritmo sin que el costo social se vuelva insostenible? La pregunta no tiene respuesta fácil, pero los 341.000 trabajadores que perdieron su empleo registrado desde el inicio de esta gestión ya la están respondiendo con su propia realidad cotidiana.
El desafío que se abre de cara a los próximos meses es si la recuperación que el oficialismo promete llega a tiempo para revertir una tendencia que, por ahora, sigue acumulando pérdidas en el tejido productivo argentino.
