Llegaron algunos fondos, sí. Pero nadie en la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios está festejando. El comunicado emitido este viernes por el presidente de la entidad, Ariel Molina, lo deja en claro desde el arranque: la situación “está lejos de resolverse”.
Lo que comenzó a acreditarse es el pago correspondiente a la última resolución para las asociaciones que aún no lo habían percibido. Según informó Molina, el proceso de pago finalizaría hacia fines de agosto. El problema es que esos recursos debieron haberse transferido entre marzo y abril. Cuatro o cinco meses de demora que el propio dirigente calificó de “inadmisible” y que generaron serias dificultades económicas en cientos de cuarteles de todo el país.
El origen del dinero no es un capricho presupuestario: proviene del aporte del 0,5 por mil sobre las primas de seguros, establecido por la Ley Nacional Nº 25.054, y tiene destino exclusivo en el sostenimiento del sistema de bomberos voluntarios. No es plata del Estado que el gobierno pueda retener a discreción; es un fondo específico que la norma obliga a transferir. Y sin embargo, llegó tarde.
Para más del 90 % de los cuarteles del país, estos recursos son la diferencia entre funcionar o no. Ante la falta de respuesta, la Federación Entrerriana llegó a enviar una carta abierta a la ministra de Seguridad de la Nación exigiendo una solución urgente. Fue, junto con la presión sostenida de otras federaciones provinciales y del Sistema Nacional, lo que finalmente empezó a destrabar el problema.
Pero el capítulo no cierra. Molina advirtió que todavía permanece pendiente un importante remanente correspondiente al año 2025, sin que existan precisiones oficiales sobre cuándo ni cómo será transferido. La incertidumbre sigue.
Mientras tanto, varios cuarteles entrerrianos debieron recurrir a campañas solidarias para cubrir gastos básicos de funcionamiento. Los casos de Hasenkamp, Federal, Viale y Chajarí fueron mencionados expresamente. En Hasenkamp, la comunidad aportó para reparar la unidad cisterna del cuartel local, del que el propio Molina es presidente.
“Bomberos Voluntarios continúa en estado de alerta. La experiencia reciente demuestra que solo mediante la unidad, el compromiso y el reclamo permanente fue posible comenzar a destrabar esta situación. No permitiremos que los derechos de nuestro sistema vuelvan a ser postergados”, subrayó Molina. El mensaje es directo: la guardia no baja hasta que el remanente de 2025 también esté acreditado y el sistema tenga garantías reales de financiamiento regular.
