El primer disparo judicial ya está en el aire. ATE no esperó a que la tinta se seque sobre la reforma previsional del Gobierno de Entre Ríos y comenzó a ejecutar la estrategia que había anticipado durante el debate: cartas documento enviadas a diputados provinciales, intimándolos a retirar el proyecto y a abrir una mesa de negociación colectiva con los gremios estatales.
Uno de los destinatarios fue Bruno Sarubi, presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos en la Cámara de Diputados. La intimación, firmada por el secretario de Finanzas del Consejo Directivo Nacional de ATE, Eduardo De Gennaro, fijó un plazo de cinco días hábiles para retirar la iniciativa o convocar a una negociación. Sin respuesta, el sindicato advierte que irá con todo: acciones judiciales, administrativas y gremiales, incluyendo medidas de acción directa.
Los argumentos del gremio son contundentes en papel. ATE sostiene que la reforma vulnera el artículo 14 bis y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, además de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entre los puntos más cuestionados figuran el aumento de la edad jubilatoria, el incremento de los años de aportes y la modificación del cálculo del haber inicial sobre los últimos 30 años de actividad. Para ATE, eso es regresión pura: menos derechos, menos poder adquisitivo para los futuros jubilados.
El gremio también apunta al corazón político del debate: la reforma, según su lectura, consolida un ajuste que recae sobre los trabajadores sin tocar las verdaderas causas del déficit, como la evasión patronal y la falta de aportes de la propia Provincia. Y agrega otro flanco: al modificar condiciones esenciales del empleo público, la norma debió discutirse en el marco de la negociación colectiva, conforme a los Convenios 151 y 154 de la OIT.
El escenario judicial que se viene, según quienes conocen el expediente, es complejo. El abogado concordiense Horacio Velázquez Pens explicó que las cartas documento son apenas el primer escalón de una estrategia más amplia. «Va a haber un montón de acciones judiciales entre amparos, juicios y acciones administrativas», anticipó. Aclaró que una cautelar preventiva presentada con anterioridad fue rechazada, pero que eso no cambia el rumbo: «Ahora van por las consecuencias constitucionales».
El eje de los futuros planteos estará en la pérdida de derechos adquiridos, tanto de trabajadores activos como de jubilados, con especial énfasis en los aportes solidarios que el gremio considera inconstitucionales. Y el horizonte final que dibuja Velázquez Pens no es menor: si el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos no resuelve el conflicto de manera satisfactoria para los gremios, el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Esto recién empieza; no termina con esta gestión y va a generar consecuencias durante muchos años», concluyó.
