No fue una irregularidad administrativa ni un error contable: fue una estructura delictiva armada desde adentro del Estado, con nombre, apellido y condena. La Justicia de Entre Ríos condenó a exfuncionarios provinciales por haber desviado fondos públicos destinados a créditos para jóvenes, uno de los programas que se supone debería abrir puertas, no financiar bolsillos.
Los propios imputados admitieron los hechos. No hubo negación ni relato alternativo: reconocieron haber montado una maniobra que le sacó al patrimonio provincial la suma de 100.886.792 pesos a través de la simulación de 319 créditos que nunca existieron como operaciones reales. Créditos de papel, plata de verdad.
El mecanismo es tan viejo como la corrupción misma: usar un programa social o de fomento como pantalla para girar fondos hacia afuera. Lo novedoso, si algo lo es, es que en este caso la maniobra quedó al descubierto y llegó a sentencia. En la provincia, eso no siempre ocurre.
¿Cuántos programas similares funcionan o funcionaron con la misma lógica sin que nadie los investigue? La pregunta no es retórica: es la que debería hacerse cualquier organismo de control que se tome en serio su trabajo.
El fallo representa un punto de inflexión para la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos entrerrianos. Los condenados eran parte del aparato estatal, conocían los mecanismos, sabían cómo mover los hilos. Que eso haya terminado en una condena judicial es, al menos, una señal de que el sistema no siempre mira para otro lado. La deuda con los jóvenes que nunca accedieron a esos créditos, en cambio, sigue en pie.
