Los entregaron con sus propias manos y hasta dieron las contraseñas. Ahora quieren que no los abran. Esa es, en síntesis, la contradicción que el juez de Garantías Ives Bastián puso sobre la mesa al rechazar el planteo de la defensa en la causa Bordet.
La audiencia más reciente se desarrolló ante el vocal Aníbal Lafourcade, en el marco del recurso de apelación presentado por el abogado Jorge Esteban Romero. La defensa busca revocar la autorización para peritar los dispositivos móviles secuestrados durante los allanamientos a Gustavo Bordet y su entorno.
El dato que complica el argumento defensor es contundente: durante los procedimientos, tanto Bordet como Ávila no solo consintieron los allanamientos y renunciaron a invocar sus fueros, sino que además entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares y facilitaron las claves de acceso para que el Ministerio Público Fiscal pudiera examinarlos. Fue después, con el agua corrida bajo el puente, que la defensa giró ciento ochenta grados y pidió que los aparatos fueran restituidos sin extracción de información.
El fiscal José Arias se opuso al pedido. El 22 de junio, el juez Bastián lo rechazó. En su resolución, el magistrado fue directo: señaló una contradicción «manifiesta» y «documentada» entre la conducta de los imputados y la postura posterior de su defensa. Consideró que quienes consintieron el procedimiento, acordaron las medidas y entregaron las contraseñas no pueden luego pretender bloquear el análisis de esos mismos dispositivos, porque eso vulnera el principio de buena fe procesal.
Romero cuestionó duramente ese fallo ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la resolución afecta garantías constitucionales. La pelota queda ahora en manos del vocal Lafourcade, quien deberá decidir si confirma la autorización para abrir los celulares o si le da la razón a la defensa y deja el análisis sin efecto.
La causa sigue sumando capítulos. Mientras tanto, trascendió que el presunto testaferro de Bordet comparte una sociedad con Guillermo Marcone, dirigente del MID y aliado político del gobernador Rogelio Frigerio, un dato que amplía el mapa de vínculos bajo la lupa judicial.
