Salvado por la mínima diferencia, pero lejos de quedar limpio. El fiscal Aramberry sobrevivió al jurado de enjuiciamiento por 4 votos a 3, y casi de inmediato comenzó a circular una campaña para reposicionarlo como referente de la lucha anticorrupción en Entre Ríos. El problema es que el fallo, en lugar de cerrar el capítulo, abrió uno más incómodo.
La causa que lo tuvo en el banquillo fue la llamada «Causa de los Contratos», la investigación por el desvío de miles de millones de pesos en la Legislatura provincial. Ahí, según las acusaciones más duras, Aramberry habría actuado con pasividad deliberada frente a irregularidades vinculadas a la entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, destituida y luego restituida por cuestiones formales.
El dato que más pesa: de los allanamientos al estudio contable «Integral Asesoría» surgieron evidencias que vinculaban a Pedro Opromolla con Sebastián Orlando Bertozzi, cónyuge de Goyeneche. Aramberry nunca imputó a Bertozzi, nunca lo citó como testigo, nunca ordenó investigarlo. Tampoco pidió el allanamiento del domicilio de Opromolla ni el secuestro de su celular cuando este no estuvo presente en los procedimientos. ¿Descuido o protección?
El voto minoritario fue contundente. Los vocales Germán Carlomagno, Claudia Mizawak y Leonardo Portela sostuvieron que las omisiones del fiscal no fueron simples desaciertos procesales, sino conductas que comprometieron la búsqueda de la verdad y pusieron en riesgo la integridad de la prueba, todo en aparente beneficio de la cúpula del Ministerio Público Fiscal conducida por el procurador Jorge Amilcar Luciano García. El extracto del voto minoritario fue directo: las omisiones de Aramberry dan cuenta de «una posible falta al deber de objetividad y buena fe procesal».
La vocal Mizawak señaló que el fiscal no ofreció en su descargo una explicación satisfactoria sobre por qué ignoró la pista de Bertozzi y Opromolla. Su única respuesta fue que no tenía «trato frecuente» con la familia de Goyeneche, esquivando la pregunta central: por qué no actuó frente a la prueba documental que constaba en los servidores incautados.
Pero hay más. La denuncia también lo salpicó por presunto falso testimonio durante el jury contra Goyeneche. Aramberry declaró bajo juramento que el testigo Mario Deiloff había comparecido sin su teléfono celular. Las videograbaciones lo desmintieron: Deiloff exhibió su teléfono en dos oportunidades ante los instructores. La mayoría del jurado —integrada por los legisladores peronistas Daniel Olano y Silvia Moreno, y los representantes del Colegio de Abogados Luis Leissa y María Fernanda Miotti— consideró que sancionar el falso testimonio requería una condena penal previa. Tecnicismo mediante, el asunto quedó archivado. El MPF a cargo del procurador García tampoco abrió ninguna investigación interna.
Lo que queda en pie, más allá de los formalismos que salvaron al fiscal, es una serie de omisiones documentadas, contradicciones entre su testimonio y registros fílmicos, y un fallo que tres magistrados calificaron como probable mal desempeño. La campaña de rehabilitación mediática que se advierte en marcha tendrá que lidiar con ese expediente.
