El Gobierno nacional tiene en carpeta una reforma a la Ley de Inocencia Fiscal que apunta a cambiar las reglas de juego para miles de contribuyentes. La idea central es clara: flexibilizar los topes que hoy limitan el acceso al régimen y, de esa forma, sumar más adherentes a un esquema que, en su versión actual, muchos consideran demasiado restrictivo.
Según el tributarista César Litvin, los cambios que se vienen son cuatro y todos apuntan en la misma dirección: ampliar el universo de quienes pueden beneficiarse. Los ejes pasan por la revisión de los topes patrimoniales y de ingresos, dos de los principales cuellos de botella que dejaron afuera a sectores que, en teoría, deberían haber podido adherirse desde el inicio.
La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada en su momento como una herramienta para dar certeza jurídica a los contribuyentes de buena fe, pero su implementación mostró límites concretos. Los umbrales fijados resultaron, para muchos sectores productivos y profesionales, más un obstáculo que una puerta de entrada. La reforma busca corregir eso.
El debate no es menor. Flexibilizar los topes implica redefinir quién entra y quién queda afuera del paraguas de protección que ofrece el régimen, con impacto directo en la relación entre el fisco y los contribuyentes. En un contexto de presión tributaria alta y economía en recomposición, cualquier modificación en este terreno tiene efecto inmediato sobre la planificación fiscal de empresas y personas.
Los detalles técnicos de los cuatro cambios específicos aún se están terminando de definir en el ámbito del Ejecutivo, pero la señal política ya está dada: el Gobierno quiere que más gente pueda acceder al régimen, y para eso está dispuesto a mover los límites que hoy lo acotan.
