Las brasas del Mundial todavía queman, pero la agenda económica no espera. Luis Caputo presentará este miércoles la segunda versión del Régimen de Inocencia Fiscal en una conferencia de prensa, y el jueves el proyecto llegará formalmente al Congreso con cambios que el propio equipo económico admite que van más allá del espíritu original de la ley.
El objetivo de fondo sigue siendo el mismo: que los argentinos saquen los dólares del colchón y los ingresen al sistema financiero sin tener que explicar su origen ni enfrentarse a sanciones del fisco. La ley fue aprobada el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigencia en febrero, pero las adhesiones fueron magras y las dudas de los especialistas no tardaron en aparecer. Eso obligó a Caputo a volver a la mesa de dibujo.
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes que las modificaciones surgieron de las “preocupaciones de los profesionales del área” y que el miércoles se expondrán en profundidad. Hasta mayo, ARCA había registrado apenas 80.000 adhesiones al régimen simplificado de Ganancias. Tras una nueva ronda de reuniones con expertos, ese número trepó a 330.000, aunque solo 170.000 presentaron efectivamente la declaración jurada.
Los cambios más importantes apuntan a ampliar el universo de contribuyentes. El proyecto elimina los topes de ingresos máximos (hasta ahora fijados en $1.000 millones) y de patrimonio máximo (de $10.000 millones), lo que habilitaría a un espectro mucho mayor de personas a adherirse. El contador Andrés Edelstein lo dijo sin rodeos: “Las adhesiones van a aumentar más si se liberan los requisitos de ingreso y patrimonio”.
Otro punto sensible es el llamado “tapón” fiscal: el mecanismo que permite a ARCA fiscalizar períodos pasados si detecta una discrepancia significativa. Hasta ahora, ese umbral se activaba con una diferencia mayor al 15% entre el impuesto pagado y el que correspondía, o si superaba los $100 millones. La nueva versión aclara que no habrá discrepancia significativa si la diferencia no supera el 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario.
Hay un tercer frente que también está sobre la mesa, aunque sin confirmación oficial: las multas por incumplimientos impositivos. La Ley de Inocencia Fiscal las multiplicó por 100.000% respecto de los valores anteriores, que estaban completamente desactualizados. Hoy, la multa para personas humanas pasó de $200 a $220.000, y para empresas de $400 a $440.000. En casos agravados, pueden llegar a oscilar entre $5 millones y $10 millones.
La especialista Miriam Roldán elaboró un proyecto que propone un esquema de proporcionalidad según la capacidad económica: las microempresas y personas humanas no categorizadas como grandes contribuyentes verían reducidas sus multas en un 80%; las pequeñas empresas, un 60%; las medianas tramo I, un 40%; y las medianas tramo II, un 20%. Los funcionarios no confirmaron si este esquema quedará incluido en la reforma que se presenta el miércoles.
El relanzamiento del régimen llega en un momento en que el Gobierno necesita mostrar resultados concretos en la formalización de activos. Si los cambios logran ampliar masivamente las adhesiones, el impacto sobre la liquidez del sistema financiero podría ser significativo. La conferencia del miércoles dirá si esta segunda versión tiene más fuerza que la primera.
