Tres veces intentaron, tres veces naufragó. El proyecto para reformar la Ley de Tierras Rurales impulsado por el oficialismo volvió a quedar varado en el Senado, y esta vez la maniobra para evitar el papelón fue ordenar un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
La decisión la tomó Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, al advertir que los votos no alcanzaban para sostener una sesión que se encaminaba al fracaso. La jugada evitó la media sanción de una ley que, según el propio Gobierno, no le servía en el estado en que quedó tras las negociaciones con los aliados. Esas modificaciones acordadas con los bloques de apoyo no fueron convalidadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y las tratativas terminaron empantanadas.
El peronismo hizo su trabajo. Según trascendió, logró convencer a la senadora Alejandra Vigo y a Camau Espínola para inclinar la balanza en contra del proyecto, sumado a la ausencia de dos senadores del oficialismo. Un dato de color no menor: la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas que hicieron los jugadores de la Selección tras vencer a Inglaterra habría terminado de mover a los indecisos.
Desde Entre Ríos, la diputada nacional Blanca Osuna celebró el resultado y fue directa: «La soberanía no se negocia», afirmó, ratificando su rechazo a cualquier modificación que implique una mayor extranjerización del territorio nacional. Su postura resume la del peronismo en este debate: la tierra argentina no es una variable de ajuste ni un activo para desregular.
Las casi tres horas de sesión no fueron del todo en vano para el oficialismo: sí alcanzaron para aprobar una serie de pliegos judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino, el juez que dejó sin efecto la medida cautelar de la CGT que había paralizado la reforma laboral. El Senado, en su lógica de intercambios, encontró la forma de que nadie se fuera del todo con las manos vacías.
El debate sobre la reforma a la Ley de Tierras Rurales quedó entonces postergado para agosto, con el dictamen devuelto a comisión y un Gobierno que deberá rearmar la estrategia si quiere evitar un cuarto fracaso consecutivo en el recinto.
