El número es contundente y no admite eufemismos: los fondos que la Nación transfirió a las provincias en concepto de giros no automáticos se derrumbaron un 61,8% en términos interanuales durante el primer semestre de 2026. Uno de los peores registros de los últimos años, según un informe privado que midió el impacto real del ajuste sobre los distritos.
Las transferencias totales del período alcanzaron los $640.000 millones, una cifra que en términos nominales suena abultada pero que, deflactada, revela la magnitud del tijeretazo que la administración nacional viene ejecutando sobre las arcas provinciales. El recorte no es nuevo, pero en este semestre se acentuó con una velocidad que preocupa a los equipos técnicos de varios gobiernos provinciales.
En ese contexto de achique generalizado, Entre Ríos aparece como una de las provincias que más recursos recibió en términos relativos. Un dato que, leído con cuidado, no necesariamente es una buena noticia: significa que otras jurisdicciones quedaron aún más desfinanciadas, no que Entre Ríos haya cobrado lo que le correspondía o lo que necesita para sostener sus servicios.
La pregunta que sobrevuela los ministerios de Hacienda de todo el país es cuánto más aguanta este modelo sin que el impacto se traslade directamente a obra pública frenada, salarios públicos en tensión y servicios esenciales bajo presión. En Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio viene administrando la restricción con recursos propios y renegociando márgenes, pero el margen se achica.
El primer semestre de 2026 quedará marcado como uno de los períodos de mayor austeridad en la relación fiscal entre la Casa Rosada y las provincias. Lo que reste del año definirá si el recorte se modera o si el ajuste sigue siendo la variable de ajuste del ajuste.
