Prometía un lugar en el Estado y cobraba fortunas por eso. Una exempleada judicial de 40 años fue detenida en Posadas luego de acumular 17 denuncias en su contra por presuntas estafas vinculadas a falsas promesas de empleo público.
El esquema que se le atribuye era simple pero devastador para las víctimas: la mujer habría ofrecido supuestos contratos temporarios en organismos públicos a cambio de 500.000 pesos, y llegó a exigir más de un millón de pesos a quienes aspiraban a un ingreso a planta permanente. Dinero que, según las denuncias, nunca se tradujo en ningún empleo real.
Lo que hace más grave el caso es el perfil de la acusada: su paso por el Poder Judicial le habría dado la credibilidad necesaria para convencer a sus víctimas de que los contactos existían y que los puestos eran accesibles. En un contexto donde conseguir trabajo estatal es difícil y la necesidad aprieta, ese anzuelo funciona. Y acá funcionó 17 veces, al menos las que llegaron a la Justicia.
La detención se produjo en Posadas, Misiones, y la investigación sigue en curso. La acumulación de denuncias sugiere que la maniobra no fue un hecho aislado sino un modus operandi sostenido en el tiempo, que habría dejado a decenas de familias sin sus ahorros y sin el trabajo prometido.
El caso deja una advertencia clara: ningún trámite de ingreso al Estado se gestiona con pagos en efectivo a particulares, y cualquier oferta en ese sentido debe ser denunciada de inmediato ante las autoridades.
