El número lo dice todo: 125 % de atraso en la actualización de aranceles, acumulado entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Eso es lo que el Sanatorio Concordia le reclama al PAMI, y eso es lo que está llevando a la institución a pagar salarios en cuotas y a advertir, sin rodeos, que podría dejar de atender a los jubilados.
El médico Lemesoff, referente del Sanatorio, fue contundente: “Estamos facturando a valores de 2024 y asumiendo costos de mediados de 2026“. La aclaración importa porque desde la conducción local del PAMI se insistió en que la obra social no tiene deudas con la institución. Técnicamente, es cierto: hay apenas un atraso de 30 días en el 10 o 15 % de las facturas. Pero el problema real no es eso. Es que los aranceles nunca se actualizaron al ritmo de la inflación, y esa brecha silenciosa terminó siendo igual o peor que una deuda directa.
La situación tiene una dimensión que la hace especialmente delicada para Concordia: el Sanatorio es el único prestador del PAMI en la ciudad y el que más cápitas concentra en toda la provincia, con más de 15.000. No hay plan B para los jubilados locales. Eso genera lo que Lemesoff llama una “PAMI-dependencia“: la institución no puede soltar el convenio sin hundir a sus afiliados, pero tampoco puede sostenerlo sin hundirse ella misma.
Desde el 1° de mayo, las restricciones ya son concretas: se suspendieron las consultas con especialistas, las cirugías programadas no urgentes y la atención de códigos de guardia verde y amarillo. Solo se atienden urgencias reales y tratamientos oncológicos. Para los jubilados de Concordia, eso no es una advertencia: ya es una realidad cotidiana.
La titular de la UGL XXXIV, Karina Bernardi, reconoció ante los propios jubilados que protestaron la semana pasada que, si las cuentas no estuvieran en orden, no podría atenderse ningún afiliado. También admitió que el Sanatorio podría entrar en quiebra. Lemesoff no lo desmintió: “Está en quiebra“, dijo sin eufemismos, aunque aclaró que el vínculo con el PAMI siempre fue “aceptable” en años anteriores gracias a un equilibrio económico que hoy ya no existe.
El médico recordó que en los últimos 12 años nunca se había registrado un retraso tan significativo en la actualización de aranceles. Incluso en períodos de inflación alta, el IPC se trasladaba al prestador. Ahora, esa práctica desapareció. “Semana a semana nos seguimos asfixiando“, graficó.
Las Cámaras que agrupan a los prestadores privados de todo el país reclaman un aumento del 50 % en la cápita de junio, un adelanto de un mes completo y aumentos por IPC desde ese mes. La respuesta desde PAMI Central es siempre la misma: no hay fondos. Mientras tanto, en Concordia, los jubilados esperan turno con un sistema que se cae a pedazos, y el único sanatorio que los atiende avisa que no puede garantizar cuánto tiempo más va a aguantar.
