La jueza de Garantías Elisa Zilli rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por Sofía Riquelme, exesposa del exministro entrerriano Pedro Báez, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, hizo lugar al requerimiento de la defensa y ordenó una nueva pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), lo que extenderá los plazos del proceso antes del eventual juicio oral.
Riquelme había solicitado su sobreseimiento con el argumento de prescripción de la acción penal. Sin embargo, la jueza consideró que no se ha configurado esa situación, ya que la Fiscalía mantuvo un impulso sostenido de la investigación desde el inicio, destacando la complejidad del caso y la cantidad de medidas adoptadas, como pedidos de informes a bancos, AFIP, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otras entidades.
La acusación sostiene que entre 2007 y 2016, periodo en que Báez ocupó cargos públicos, él y su entonces esposa habrían incrementado su patrimonio en forma injustificada. Según una pericia del Ministerio Público Fiscal, el enriquecimiento total ascendería a $4.179.885,62, equivalentes a aproximadamente USD 632.000. Riquelme está acusada de actuar como persona interpuesta para ocultar bienes y fondos pertenecientes a Báez, siendo parte activa en la administración de ese patrimonio no justificado.
En la audiencia, la jueza autorizó la realización de una pericia oficial del STJ que deberá evaluar la evolución patrimonial de ambos acusados desde 1991 hasta 2016. Señaló que la medida fue planteada por la defensa desde diciembre de 2024 con el objetivo de garantizar la imparcialidad del análisis contable, en base al artículo 304 del Código Procesal Penal.
Zilli también cuestionó el actual marco normativo provincial sobre pericias contables y remarcó la necesidad de una reforma legislativa. Indicó que el sistema vigente no resulta del todo compatible con el modelo acusatorio, y consideró más adecuado que, como establecía el proyecto de reforma retirado de la Legislatura, la tarea quede a cargo del STJ salvo en materias en las que no haya expertos disponibles.
Por otra parte, descartó que en la causa existan elementos que indiquen discriminación de género contra Riquelme. La jueza evaluó su trayectoria laboral, formación profesional y situación socioeconómica, concluyendo que no se advierten condiciones de vulnerabilidad ni desigualdad por su condición de mujer.
Fuente: Análisis
