Los hermanos Claudio y Marcelo Javier Tórtul, están complicados, ambos están involucrados en una trama de pago de coimas que nace a partir de denuncias anónimas a la AFIP en San Isidro (Buenos Aires), y por eso la entidad tomó intervención y de la misma manera el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
El tema es una “guerra” de empresas privadas, que al parecer se venían perjudicando entre sí. Ayer se conoció que la empresa Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como Enersa, Aysa, Renaper, Senasa y Anmac, entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos ex directivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.
Entre esos allanamientos están los realizados el martes en Paraná en distintas propiedades de los hermanos Claudio y Marcelo Javier Tórtul, quienes permanecen detenidos.
La investigación, según pudo saber La Nación de fuentes oficiales, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina SA en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia. En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes.
Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada dentro del denominado “programa de integridad” de la firma.
“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales.
Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.
Según fuentes judiciales, si bien el caso se conoció ahora tras el medio centenar de allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un “acuerdo de colaboración eficaz” hace casi dos años, el 30 de mayo de 2022. Según se desprende del expediente judicial, los “pagos indebidos” denunciados por Securitas SA fueron varios y a varias reparticiones del estado. El tema de las empresas de seguridad privada siempre fue escabroso. No hay demasiado controles y habitualmente los trabajadores denuncian malos pagos y maltratos. Y es uno de los pocos sectores donde la patronal integra el sindicato.
Fuente: Uno Entre Ríos.
