Las universidades entrerrianas anunciaron, hace semanas, que se encuentran en estado de alerta permanente ante la crisis económica y los recortes que anunció el presidente Javier Milei. Además de los consejos superiores de las casas de estudio, se pronunciaron los sindicatos docentes Conadu y Sitradu.
En este marco, advirtieron que peligra el inicio de clases. Sofía Cáceres Sforza, docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) explicó a UNO la situación actual: “El lunes 29 las universidades nacionales que cobran con el Banco Nación recibieron la notificación de que se había caído una resolución del Banco Central, que le permitía a los bancos utilizar fondos para pagar los sueldos de los empleados estatales aunque no estuviera girada la plata. Al caerse eso, los bancos no pueden poner la plata para que las universidades giren los fondos”.
“Por lo tanto, no hay garantías de que el 1º de febrero cobraremos nuestros sueldos”, dijo la dirigente, y agregó que esto se da en el marco “de un mes como enero que se hace particularmente largo por los gastos de las trabajadoras y trabajadores”.
“La medida afecta a las universidades, al Conicet, a las provincias y municipios que utilizaban ese recurso para que sus trabajadores cobren el primer mes y que luego de eso sea depositado. Ahora dependemos de las fechas que Nación quiera hacer las transferencias”, continuó Sforza, y detalló que la resolución se trata “de un apriete que está haciendo Milei en el marco de la discusión de la Ley Ómnibus, que cada vez tiene menos credibilidad”.
Sforza precisó: “La UNER tiene un convenio con el Banco Galicia y estamos con la incertidumbre si depositarán nuestros salarios. La situación es grave porque el presupuesto es el mismo que en 2023, lo que alcanzaría hasta junio, el resto del año no hay certezas. Eso implica un congelamiento de designaciones y cargos, de concursos y becas. En las federaciones se está discutiendo la posibilidad conjunta del no inicio.”
En tanto, desde la Asociación Gremial de la Docencia Universitaria (AGDU), de la federación Conadu, su referente Germán Orsini detalló a UNO: “La situación de la docencia universitaria es de alerta, se observa una constante agresión por parte del gobierno nacional sobre la universidades públicas nacionales, no hay llamado a paritarias y esto seguramente se traducirá en medidas de fuerza dada la caída del salario real. En febrero se cobra un 10% de aumento acordado con el gobierno anterior, claramente los salarios se ven licuados por la inflación de diciembre y enero”.
Por ende, “los reclamos son la apertura de paritarias y presupuesto universitario acorde al aumento de costos para poder funcionar correctamente, con el presupuesto del año pasado sin actualización no es posible seguir funcionando más allá del primer semestre”. Orsini también hizo referencia al peligro para la educación pública que implica la aprobación de la Ley Bases, en particular con la mercantilización, un retroceso a partir de los artículos 553,554, 555 y 556.
Por otra parte, la Conadu: “Exige al gobierno nacional el pago en tiempo y forma de los salarios universitarios. La resolución del Banco Central de la República Argentina que impide a las entidades bancarias realizar adelantos para asegurar el pago de haberes del sector público impacta directamente en el personal de las universidades públicas, muchas ya están comunicando que no podrán abonar los sueldos. Es inadmisible que se quiera sujetar el salario a los malabarismos de la timba financiera. Esta decisión es parte de la política extorsiva para que apoyen reformas anticonstitucionales”.
Diario UNO
