En el discurso inaugural de su mandato, el 11 de diciembre de 2023, el gobernador Rogelio Frigerio dijo: “La política rompió el contrato moral con la gente por creer que ganar una elección implicaba la puerta de entrada a un mundo de privilegios. Cuando, en realidad, ganar una elección es la puerta de entrada a un mundo de enormes posibilidades”.
Entonces afirmó también: “Se terminan los gastos reservados, los presupuestos millonarios para los funcionarios, los autos oficiales usados para cuestiones personales y otros lujos que pagamos todos con nuestros impuestos. Vamos a destinar los vehículos oficiales que hoy son de uso personal para las fuerzas de seguridad. Y vamos a tener un sistema de rastreo para que todos sepamos dónde están los autos y que se usen únicamente para las tareas que fueron asignados”.
En el marco de las políticas de austeridad que quiere imprimirle a su gestión, el gobernador Rogelio Frigerio ordenó que ningún funcionario tenga un vehículo oficial para uso personal.
El decreto N° 280, dictado el 29 de diciembre y publicado el 5 del actual en el Boletín Oficial, establece que “todos los vehículos oficiales que no se encuentren afectados a la prestación de servicios que resulten indispensables deberán ser puestos inmediatamente a disposición del Poder Ejecutivo Provincial para su posterior afectación a los servicios de seguridad que presta el Estado Provincial”.
La norma instruyó a los ministros para que en un plazo de cinco días “pongan a disposición del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General de la Gobernación, los vehículos, junto con sus accesorios y documentación, que se encontrasen bajo su dependencia y no estuvieren afectados a la prestación de servicios que resulten indispensables”.
En los fundamentos, señala que “el cambio de gestión en el Gobierno provincial ha significado una reestructuración administrativa que ha sido delineada para las distintas ramas del despacho de los asuntos administrativos de la Provincia a través de la Ley N° 11.135”.
Esa reestructuración del Estado entrerriano “ha sido encarada bajo las premisas de optimización de recursos y eficiencia del gasto”, y en ese contexto “se observa a simple vista que la cantidad de autos oficiales existentes exceden ampliamente las necesidades de servicio tanto de la Administración Central como de los entes descentralizados y se encuentran a disposición de los funcionarios para su uso, muchas veces, particular, lo que constituye un verdadero privilegio en favor de éstos y una situación claramente reñida con la ética pública, reconocida como un ´valor social que hace a la esencia del sistema republicano´ por nuestra Constitución en su artículo 37º”.
La disposición que lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio apunta que “razones de ética en el ejercicio de la función pública y de austeridad en materia económica, demandan la instrumentación medidas tendientes al aprovechamiento de dichos vehículos en pos de mejorar los servicios que presta el Estado Provincial, fundamentalmente en materia de seguridad”. Y que “resulta conveniente entonces disponer una medida para que dichos vehículos puedan ser afectados para su uso por la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario, como así también, eventualmente, por los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno”.
El día online
