La situación económica empeora cada día un poco más. Así lo demuestran los indicadores oficiales en un país cuya clase política está más pendiente del pulso de la campaña electoral, mientras cada vez más argentinos sufren el drama de la pobreza. Para variar, agosto llegará con aumentos en prestaciones de primera necesidad como la energía eléctrica y en los alquileres, sumado a rubros como Internet, telefonía y televisión y los colegios privados.
Basta con una sencilla ecuación para comprobar que mientras los ingresos –de los asalariados– no acompañan el ritmo de la inflación, la posibilidad de cubrir las necesidades básicas es una misión casi imposible. A todo esto, se le suma que será un mes donde habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que generarán una presión extra para la inflación.
Si bien el problema es parte de una crisis más profunda, en el país encauzar la economía se ha vuelto una verdadera odisea, más aún cuando el dólar es un factor que regula el mercado de precios. Así las cosas, la ciudadanía tendrá que hacerle frente a un nuevo paquete de incrementos, siendo uno de los que más golpeará a los trabajadores el aumento de los alquileres. Los contratos deberán tener un actualización del 110%, el máximo registrado desde que rige la normativa que regula al sector. Esta cifra es determinada por el Índice de Contratos de Locación (ICL), el indicador elaborado por el Banco Central que para su cálculo toma en cuenta en partes iguales la inflación y los salarios.
Alquilar es sinónimo de un negocio monopólico de los corredores inmobiliarios, y en parte que los precios de las locaciones suban de manera irracional también es responsabilidad de los legisladores oficialistas y opositores que aprobaron una ley con reglas leoninas.
A esta altura surge una lectura con connotación social respecto de la dinámica de un sistema basado en el ajuste hacia los que menos tienen a través de las tarifas de servicios públicos.
Otro de los productos que actualizaron su valor es el combustible, tal como se había acordado entre la Secretaría de Energía y las empresas petroleras. El aumento rondará entre el 4,48% y el 4,43% y alcanzará a todas las compañías que participan del mercado expendedor de naftas. Como es habitual, cuando aumentan las naftas se genera un efecto dominó con los precios de diferentes sectores y productos que dependen del suministro para movilizar la producción.
Por un lado, los productores que se dedican a la agricultura y a la ganadería buscan tener una buena rentabilidad, pero la relación entre el precio de venta y lo que el mismo producto se ofrece en la góndola revela una impactante disparidad. Es cada vez mayor la brecha entre el precio de ese bien desde que sale del campo hasta que llega a los puntos de comercialización, en buena medida por la cadena de especuladores que se aprovechan para inflar los precios y obtener mayores ganancias.
Es vergonzoso que el kilo de papa se esté vendiendo a 500 pesos el kilo en verdulerías de Paraná, siendo que se trata de un alimento esencial en la mesa familiar.
No hay forma de justificar semejante abuso, porque de esa manera se vulnera un derecho fundamental como la alimentación. Para muchos es una verdura que sigue estando contemplada dentro de un presupuesto mensual, a diferencia de otros productos de la canasta básica como la carne vacuna. Si el precio de algunos cortes ya era inaccesible, qué decir ahora que subirá en forma gradual hasta un 70%. Según informó UNO, en algunas carnicerías de Paraná la pizarra de precios quedó actualizada con los siguientes valores: kilo de asado entre 2.300 y 2.500 pesos, marucha entre 1.700 y 1.900 pesos, puchero entre 1.700 y 1.900 pesos y la costeleta entre 1.700 y 1.900 pesos.
Vivir con dignidad cada día cuesta más y ya no alcanza ni siquiera con tener un trabajo estable. Convivir con la presión de llegar a fin de mes no se condice con el país de fantasía que nos venden los profetas del ajuste, aplicado a través de un modelo económico que cercena derechos y trunca sueños.
Diario UNO/Marcelo Comas
