El miércoles pasado, Sandra Beatriz Martínez se roció las ropas con alcohol y se prendió fuego en los tribunales de Concordia. El domingo falleció luego de estar cinco días internada. Testigos del hecho dijeron que estaba muy nerviosa. Había ido en busca de respuestas por una situación familiar y una causa en trámite y la respuesta -o su falta- la alteró.
El hecho fue lo suficientemente grave como para captar la atención de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina, quien ordenó, en el plazo de 10 días, una investigación sumaria para conocer las circunstancias en que se produjeron las lesiones y la muerte de Sandra Beatriz Martínez.
En un comunicado se afirmó que “corresponde recabar toda la información disponible y garantizar a las y a los familiares de quien acudió al servicio de justicia –una mujer en condición de vulnerabilidad-, todos los elementos para establecer la verdad de los hechos y circunstancias que derivaron en su muerte y determinar, en su caso, las distintas responsabilidades administrativas que pudieran caber a quienes se encontraban obligados a su asistencia y protección”.
En los medios, Medina se mostró “triste y preocupada” y les recordó a los fiscales que están para facilitarle a la gente el acceso a la Justicia y, sobre todo, contener a las personas más vulnerables. Les dijo lisa y llanamente que tienen que trabajar más y atender como corresponde a la ciudadanía: “Acá más que el sueldo importa la vocación de servicio (…) El derecho se aprende, pero las virtudes que debe tener una persona para estar en la función judicial se traen desde la cuna y con educación”, dijo a Radio La Voz.
Y es que en Concordia vienen acumulando laureles.
El lunes 6 de marzo Carlos Passarella, un cobarde hijo del patriarcado, mató a tiros a Valeria Leoncino, una chica de 25 años, con la cual “estaba obsesionado”.
La premura en la excusa y la justificación que la Justicia de Concordia se preocupó en lanzar a los medios después del hecho no fue la misma que utilizó para proteger a Valeria, quien había radicado una denuncia en febrero pasado porque le habían creado un perfil falso en una red social y estaban publicando fotos de su intimidad. Pidió en la Fiscalía que se investigase el origen de la circulación de ese material y que se dictasen las medidas para cesar esa actividad.
En aquel momento la joven apuntó como sospechoso a una expareja, pero luego se dio cuenta que Carlos Passarella, quien luego se transformaría en su femicida, era el responsable del acoso. Así fue como se acercó nuevamente a la Fiscalía de Concordia con pruebas y capturas de pantalla, apuntando a Passarella. Según testimonios, en la Justicia no le creyeron. Le dijeron que no podía denunciar un día a una persona y apuntar luego a otra. “No le hicieron caso y todo quedó ahí”, relató una de sus amigas.
Pero luego del femicidio la Fiscalía, que no se había interesado en el caso de Valeria, se preocupó por aclarar en los medios que “la circulación de imágenes íntimas por sí misma no configura delito penal en tanto no haya una extorsión” y que “se abrió en ese entonces una investigación con pedidos de informes a empresas internacionales de redes sociales – Facebook, Instagram – que no habían respondido a las demandas de la justicia local”.
Tal vez sea menester recordarle a esa Justicia que por más que no haya una extorsión monetaria mediante, crear un perfil falso es robar la identidad de una persona; y que publicar fotos íntimas de una mujer sin su consentimiento es acoso, sexting, pornovenganza, como quiera que se denomine a esa modalidad de violencia de género (el artículo 16 de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece que deben darlo de baja dentro de los 5 días hábiles a partir de la denuncia) y que la violencia de género es penada en la Ley Nº 26.485 de Protección de las Mujeres. ¿Cómo que no hay delito? Causa indignación que la premura en la excusa y la justificación mediática no se haya utilizado para proteger y ayudar a Valeria Leoncino.
Esta actitud judicial es reiterada. Cuando mataron a Fátima Acevedo, quien estaba asilada en una casa para víctimas en la Secretaría de la Mujer de Paraná, se difundió un comunicado que era como un collar de excusas entrelazadas ante tanta inoperancia y con el femicidio consumado.
Esto no es nuevo. Cuando se supo que el femicida, asesino y violador de Micaela García era Sebastián Wagner, liberado por el juez Carlos Rossi, a pesar de informes periciales que iban en contra de esa excarcelación, la Justicia no solo justificó el accionar del magistrado, sino que también se abroqueló en el jury de enjuiciamiento que le salvó el pellejo.
Cuando la precarización y la pobreza se extienden a lo largo y a lo ancho del país -y Concordia lidera las estadísticas- y la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras pelean por un mango más para poder llevar una vida digna, la casta judicial vive de espaldas al pueblo, cobra sueldos privilegiados y son “como los gatos en las piedritas”: se tapan las inmundicias.
Cuando las mujeres levantan la voz para denunciar las inequidades son “histéricas”, están “alteradas” y así se van justificando las deficiencias del sistema.
A quienes les quepa el sayo, presten atención a los dichos de la jueza: trabajen más y con vocación de servicio. No vayan solo a marcar tarjeta y a cobrar un sueldo. Se lo deben a Valeria, a Sandra y al pueblo con sed de Justicia.
Por Liliana Bonarrigo (Diario UNO)
