sábado, noviembre 21, 2026
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Delitos rurales: el campo busca fiscalías especializadas en Entre Ríos

El campo entrerriano volvió a poner sobre la mesa lo que lleva tiempo repitiendo: vos entendés que los delitos rurales no se resuelven con promesas, se resuelven con fiscalías especializadas, causas más rápidas y una respuesta institucional que no se quede en el discurso.

Hoy, representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace Agropecuaria de Entre Ríos se sentaron con el procurador general de la provincia, Amílcar García, y la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. El encuentro fue de trabajo y tuvo como eje el intercambio de propuestas para avanzar en una iniciativa legislativa.

Del mismo encuentro participaron el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; y el director de Prevención de Delitos Rurales (Abigeato), Cristian Allegrini, junto a otros funcionarios provinciales. La presencia de las áreas de seguridad y justicia no es casual: el tema ya no puede seguir tratándose como una nota al pie.

La idea central es impulsar un proyecto de ley provincial que permita la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales. Para el sector productivo, se trata de una herramienta fundamental para fortalecer las investigaciones, agilizar las causas judiciales y mejorar las respuestas institucionales frente a la inseguridad que afecta al campo entrerriano.

«Sostenemos que la articulación sostenida entre las entidades agropecuarias, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad constituye el camino correcto para diseñar medidas efectivas, optimizar la prevención y persecución del delito rural y brindar mayor tranquilidad a los productores y sus familias», manifestaron desde la Mesa de Enlace. La frase suena a consigna, pero en el campo se entiende como una necesidad diaria: no hay tranquilidad sin investigación rápida, sin fiscalía que sepa lo que pasa y sin policía que llegue a tiempo.

La expectativa final también fue clara: transformar las propuestas consensuadas en iniciativas legislativas concretas en el menor tiempo posible, dando prontas respuestas a una problemática urgente que preocupa y afecta a todas las comunidades rurales de Entre Ríos. El dato no es menor: cuando el campo pide una fiscalía especializada, no pide un privilegio; pide que el Estado le devuelva previsibilidad, seguridad y capacidad de investigar.

No es lo mismo investigar un delito rural que un delito urbano, con distancias, tiempos y una cadena de hechos que exige criterio técnico. Por eso, un abigeato no puede seguir siendo una causa más: una fiscalía especializada no es un lujo, es una forma de decirle al delito rural que en Entre Ríos también hay respuesta. Y es una forma de decirle al productor que el Estado no se va a quedar mirando.

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