El alivio fiscal de Entre Ríos ya tiene sanción definitiva. La Legislatura aprobó un paquete que busca aliviar el bolsillo de más de 77.800 contribuyentes. La medida apunta a quienes trabajan, invierten y producen, con bajas de impuestos, eliminación de tasas y trámites más simples.
Jesús Korell, director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), lo plantea claro: reducir la presión tributaria es una forma concreta de promover la producción, las inversiones y el trabajo. Para el funcionario, cada peso que se baja o se elimina queda en manos de quien sostiene una actividad. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo de esa baja de impuestos una prioridad de gestión. Ahí tenés la clave: un Estado más eficiente permite aliviar cargas sin comprometer su funcionamiento.
La sanción definitiva llega con beneficios directos para el comercio: se exime del componente provincial de Ingresos Brutos a los pequeños comerciantes de las categorías A, B y C del Régimen Simplificado. Además, quienes pagaron en término las once cuotas anteriores quedan exentos de la cuota 12. También se eliminan Sellos en alquileres comerciales y en determinadas modificaciones societarias.
El dato fuerte no es menor: el alivio alcanza a más de 77.800 contribuyentes. Tenés que partir de los hechos, como pide Korell, y mirar el conjunto de decisiones adoptadas, porque hubo cuestionamientos por llegar a menos actividades y categorías. En la práctica, la idea es dejar más recursos en la economía productiva para costos o inversión.
La apuesta va más allá de una medida aislada. Con la reforma tributaria de 2025, la alícuota general de Ingresos Brutos para la industria bajó 33%, del 1,5% al 1%, y para el comercio cayó 20%, del 5% al 4%. Para 2026, las industrias con ingresos anuales en la provincia de hasta $1.430 millones están exentas.
El mapa impositivo también se redibujó para sectores clave. Las industrias entre $1.430 millones y $5.200 millones tributan el 1%, mientras la alícuota del 1,5% queda para las de mayor facturación. En el suministro de electricidad y gas destinado a producción primaria, industria y comercio, la alícuota pasó del 2% al 1%. En transporte de carga y pasajeros, las empresas con todas las unidades afectadas a la actividad radicadas en la provincia tributan 1,5%.
El agro también recibió alivio: se igualó el tratamiento de acopiadores y canjeadores en la comercialización de granos, con una alícuota de 0,25%. Además, la vigencia de las marcas y señales ganaderas pasó de cinco a diez años, y una vez vencidas, su diseño no puede otorgarse a otro titular durante 50 años. En Sellos, la inscripción de vehículos de trabajo 0 km, como camiones, ómnibus, acoplados y maquinaria agrícola destinados a actividades productivas, tuvo una reducción cercana al 80%.
La construcción vinculada a la obra pública provincial quedó exenta de Ingresos Brutos y Sellos. En salud, la alícuota para prestadores de la obra social provincial bajó del 2,5% al 2%. En turismo, el gobierno redujo un 20% la alícuota de Ingresos Brutos para distintas actividades en lo que resta de 2026, y los establecimientos hoteleros tienen exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano.
El cierre de esta etapa no es un punto final. El gobierno provincial avanza en el ordenamiento de regímenes de retención y percepción para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar recursos para la actividad económica. La discusión por llegar a más sectores va a seguir, pero el punto de partida ya está puesto: ahí tenés menos presión tributaria y más margen para quien produce.
